Carlos Jaramillo

Vandalismo e incertidumbre

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Sábado 19 de octubre 2019

Ha transcurrido una semana desde el domingo 13 del presente mes en que terminaron los incidentes vandálicos sin precedentes en el país, ocasionados especialmente en Quito, con motivo de la protesta de la Conaie contra el Ejecutivo, por la expedición del Decreto 883, mediante el cual se eliminaba el subsidio al diésel y a las gasolinas Extra y Ecopaís, pero subsiste la incertidumbre porque el Gobierno persiste en su decisión de expedir un decreto similar, con el aditamento de que los fondos que rinda dicha medida se destinen en beneficio de agricultores, indígenas, transportistas, etc. y no favorezcan, como ahora, a contrabandistas de esos combustibles ni a empresarios de mayores ingresos, lo cual no se ha concretado, pese a las reuniones efectuadas por miembros del Gobierno con representantes de diversos sectores involucrados en este problema.

La Asamblea Nacional permaneció en receso mientras se desarrollaban las movilizaciones. Era evidente que los revoltosos pretendían incursionar en ese recinto. Al reanudar sus actividades, después de un acalorado debate de siete horas, los legisladores han resuelto conformar una comisión multipartidista para que realice un control de las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, para lo cual deberá llamar a los ministros de Gobierno Defensa y presentar un informe en 15 días.

Tres asambleístas pertenecientes a la Revolución Ciudadana han logrado protección y resguardo del Gobierno de México, están en la Embajada de ese país en Quito y se suman así a otros integrantes de esa tienda política que ya se encuentran en el país azteca, mientras la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, guarda prisión preventiva, por orden del Presidente de la Corte Provincial de Justicia, por indicios de participación en los actos vandálicos.

Al mismo tiempo el Ejecutivo, municipios y diversas instituciones afectadas en una u otra forma, ya que no se libraron de la acción destructiva ni la Cruz Roja, bomberos, farmacias, pozos petroleros, etc., evalúan los cuantiosos daños por quienes, según algunos analistas se infiltraron y, según otros, probablemente se asociaron con las comunidades de indígenas y demostraron que se trataba de grupos organizados y entrenados con anticipación, que contaban con morteros rústicos para lanzar explosivos, centenares de escudos metálicos etc., quienes sostienen con cinismo que ellos han sido agredidos.

Al respecto, el académico Lautaro Ojeda, experto en temas de seguridad, sostiene que “hay suficientes elementos para señalar que hubo intento de golpe de Estado, que se expandió con acciones terroristas a diversas zonas de la ciudad” y coincide con el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño, ex Jefe de Inteligencia del Ejército, en que “la labor profesional de policías y militares fue acertada, ya que a pesar de la magnitud de los acontecimientos jamás usaron la fuerza letal, que habría provocado derramamiento de sangre…”.