Parecería de Ripley, en aquello de “aunque usted no lo crea”.
En cuanto a los cobros/pagos de diezmos en la Asamblea, la asambleísta Johanna Cedeño, según versión en El Universo, 12 de septiembre del 2018, expresó que los pagos eran “voluntarios”, que el monto no era del 10% de la remuneración, sino del 5%, “establecidos en el Reglamento de AP”.
¿“Voluntarios por reglamento” si los que ingresaban o se mantenían en el trabajo –o un número significativo- contribuían porque se les hacía saber del requisito reglamentario?
La suma de casos evidenciaría la práctica de requerir / entregar parte de la remuneración, aun cuando a los diezmos se los presente como “voluntarios”. Para el efecto, en unos casos, a los servidores públicos se les indicaba cuentas para que efectúen los depósitos. En estos casos, podría seguirse los rastros, cuanto más que las cuentas de las fuerzas políticas deben ser auditadas. Las conciliaciones de depósitos e ingresos son posibles.
En las cuentas de AP –y de cualquier fuerza política, que haya seguido esa práctica- debe estar abierta la cuenta individual de cada aportante. Los diezmos no sólo se habrían cobrado/pagado con el personal de la Asamblea, sino también en otros espacios del poder público.
La investigación que se haga debe ser publicada. Lo mejor para acabar con prácticas como la expresada es trasladarla, con los casos puntuales, al conocimiento público.
De los diezmos para el movimiento/partido, otros habrían pasado a recogerlos en dinero efectivo, para ellos mismos o para pagos personales.
En el examen especial que ha efectuado la Contraloría a las transferencias de recursos públicos que ha recibido Alianza País, para formación política, habría habido desviaciones hacia cubrir gastos de otra índole, sobre los cuales los responsables podrían ser sometidos a una especie de vómito prieto.
Si se escarba en la contratación pública también se podrá establecer la práctica de requerir/entregar valores, tratando de identificar los intermediarios, testaferros o burropies, a veces bajo formas de sociedades de papel que se hacen y se liquidan para intentar dejar el menor rastro posible. Con los avances de la tecnología, será posible recabar las sociedades que sólo tuvieron meses de existencia y verificar con los RUC los ingresos que tuvieron.
Verdad que las prácticas de corrupción no se iniciaron en el correato, pero en su década se extendieron como septicemia. ¿Se ha erradicado la corrupción?, sería iluso afirmarlo, por más buenas intenciones del presidente Moreno.
Sólo la transparencia, sin limitante ni exclusión alguna, permitirá la vigencia de la ética desde el poder y en la relación de los sectores privados con el poder.