Diego Araujo Sánchez

Cirugía mayor a la justicia

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Martes 24 de abril 2018

Las conclusiones de Human Rights Watch (HRW) sobre injerencias políticas en la justicia en el Ecuador ponen el dedo en la llaga de uno de los daños mayores de la década correísta: la pérdida de independencia y credibilidad de esa función estatal; sin ellas campea la inseguridad jurídica y no es viable la democracia.

Cuatro tipos de conclusiones trae el informe difundido: presiones y destitución de jueces por motivos políticos, evidencia de interferencias políticas en sus resoluciones, crítica a la legislación vigente sobre el error judicial como vía para que el Consejo de la Judicatura destituya jueces y falta de rendición de cuentas. El análisis de testimonios, informes y documentos lleva al organismo de defensa de los DD.HH. a inferir “la existencia de un patrón de acciones gubernamentales orientadas a presionar o coaccionar al poder judicial en su manejo de casos importantes o con implicancias políticas”.

Altos funcionarios se entrometieron tanto en casos de interés del régimen, como en el nombramiento y la destitución de jueces, según HRW. Las evidencia son múltiples: por ejemplo, correos electrónicos con comunicaciones entre el presidente Correa y otros funcionarios, como su secretario jurídico Alexis Mera; la ministra de Justicia Johana Pesántez; Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, y Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura. Los correos revelan que se intentó interferir en causas judiciales.

Una constancia significativa es la copia” de lo que sería un memorando oficial emitido por Mera el 19 de octubre de 2013, que ordena a los jueces rechazar las acciones de protección contra el Estado… y que también los amenaza con la posibilidad de destitución en caso de incumplimiento, e indica que si no desestiman tales acciones sus casos se remitirán al Consejo de la Judicatura”.

El Código Orgánico de la Función Judicial faculta al Consejo de la Judicatura a destituir jueces por error inexcusable. Entre 2013 y 2017, fueron destituidos 145 jueces. Sin embargo, las rectificaciones jurídicas deben estar a cargo de las instancias judiciales y no de un organismo de gobierno y administrativo, de vigilancia y disciplinario de la función judicial, como el Consejo de la Judicatura.

La ausencia de rendición de cuentas se refleja en el bloqueo de la mayoría gobiernista al enjuiciamiento político a Jalkh en la Asamblea, a la par que la inexistencia de “esfuerzos genuinos por parte de la Fiscalía General del Estado para investigar los señalamientos de coerción e intromisión política” en la justicia.

Acertó el Consejo de Participación Ciudadana transitorio al suspender los concursos de selección de jueces provinciales y fiscales. Pero la cirugía mayor pasa por la evaluación de las autoridades del Consejo de la Judicatura y por desmontar la maquinaria que permitió meter mano en la justicia.