La CIDH se enredó

Es indispensable para analizar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH– revisar los antecedentes históricos de la comisión y los del Ecuador. Es necesario este procedimiento para evitar las interpretaciones fanáticas tanto de los candidatos presidenciales indígenas para el 2021 como de los acólitos de la extrema derecha.

La CIDH es parte de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos o Pacto de San José que en 1969 acordaron los países de América ante el escenario desconcertante que se avecinaba con gobiernos militares partidarios de la represión y violaciones los derechos humanos. Eran los tiempos finales de la Guerra Fría y la cúpula uniformada había sido formada en los institutos militares estadunidenses que estaban entrenados para actuar contra civiles sublevados o no. No se diferenciaban de los ejércitos del Pacto de Varsovia que disponían a su discreción de los tanques soviéticos.

Fue una época marcada por el término represión y cuyo uso generalizado se mantiene, sin diferenciar una situación de violencia indiscriminada contra las personas y bienes de la sociedad civil del uso de la fuerza pública en el marco de las facultades constitucionales y legales. Queda la impresión que la CIDH, sin cautela, confundió sesgadamente en su análisis los violentos sucesos de octubre. En el informe es repetida la expresión del exceso de la fuerza policial y armada contra dirigentes y comunidades indígenas en general. Sin proponerlos de manera directa, se puede colegir que existe una especial conjunción o promoción de víctimas y candidatos para el 2021. Olvidaron que el Ecuador no es un país racista ni excluyente a ningún grupo social ni que la participación de la protesta que degeneró en sus objetivos no corresponde a la mayoría de la población.
No registra el informe que, a diferencia de lo que sucedió en esos días en Chile, no fue notoria la presencia de jóvenes o sectores medios o corporativos, los que optaron por resguardarse del descontrol que se produjo. Se evitó considerar que no existe, ecuatoriano alguno, que esté de acuerdo con el alza de los precios de los combustibles y los víveres suban; tampoco, que la protesta incendie y cometa toda clase de desafueros, incluso tolerantes con sujetos vandálicos.

Insisten también en la CIDH, que las medidas adoptadas por el Gobierno no han sido producto de un diálogo. Ignoran que en el Ecuador el gobierno tiene responsabilidades específicas y que toda consulta o diálogo es discrecional de acuerdo a las circunstancias. Los observadores desconocen que ningún país llama a plebiscito por ajustes que por naturaleza son resistidos y repudiados.

Al final, no debe ignorarse lo desacertada comunicación del Gobierno frente al informe. Apoyaron la polarización y se desconoce qué ganan, o si es parte de una estrategia política para promocionar un “outsider”.

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