El Gobierno volvió a referirse ayer a la situación de los cubanos sin papeles y justificó los operativos de desalojo. Pero aclaró que los policías también han perpetrado incursiones para desarticular a mafias dedicadas al tráfico de migrantes. Eso está bien. Pero hace ocho años nada de esto se decía desde el poder.
En junio del 2008, Ecuador eliminó las visas de turismo para 130 países del mundo y lo único que se dijo en ese entonces es que la medida está acorde con el principio de libre circulación de personas y servirá para fortalecer las relaciones con otras naciones.
¿Y la seguridad? ¿Se detectó la presencia de mafias internacionales? Parecería que no. Solo dos años después de esa apertura de fronteras, se dieron cuenta que las redes criminales usaban a Ecuador para llevar ilegalmente a ciudadanos de Oriente Medio a EE.UU. Por eso se interpuso nuevamente el visado para nueve naciones.
Las estadísticas sobre tránsito de extranjeros alarmaron. En el 2007, cuando Ecuador todavía exigía ese requisito, únicamente 11 viajeros de Bangladesh ingresaron al país. Pero en el 2008, luego de eliminar la visa, la cifra subió a 107 y en el 2009 a 322.
En ese entonces ya se preguntó a la Cancillería sobre la situación de los cubanos, y como respuesta se indicó que es un tipo de migración que “permanentemente es analizada por los gobiernos de ambos países”.
Se equivocaron y apenas en noviembre del año pasado reconocieron que es necesario “detener las violaciones a los derechos humanos y hasta la pérdida de vidas”.
Para entonces, las mafias ya habían penetrado el país. La Unidad de Delincuencia Organizada y Transnacional de la Fiscalía descubrió que los traficantes incluso ofrecían a sus víctimas cartas de invitación falsas o cédulas de identidad alteradas, para acceder a Ecuador.
El trabajo para frenar este fenómeno es enorme, pero necesario. No solo basta con hablar en la Constitución de principios de libre movilidad y ciudadanía universal. Si no hay reglas
claras, se repetirá el caso de los cubanos.