La historia se repite. Como sucede cada inicio de año, el Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, anunció hace pocos días un incremento de la pensión para los jubilados, pero los dirigentes del gremio objetaron de inmediato que es insuficiente y que no guarda relación con la escalada del costo de la vida.
Esta vez se informó que el aumento oscila entre 4,31 y 16,16 por ciento. El primer porcentaje se aplica a quienes perciben la pensión máxima y el 16,16% a los jubilados que obtienen la pensión mínima, con lo cual recibirán 159 dólares, que es la mitad del salario mínimo vital vigente desde el presente mes.
Los beneficiarios reiteran que, de acuerdo con los principios de solidaridad y justicia distributiva que predica el Gobierno, debe otorgárseles un aumento más significativo a quienes menos reciben y que los directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en especial su representante ante el organismo, deben considerar las angustias que soportan a diario los ancianos que entregaron su juventud y su esfuerzo al servicio de la patria y que contribuyeron con su aporte para la prosperidad de la institución que actualmente es la más próspera del país, de la que esperan la retribución a la que tienen derecho.
Con frecuencia se quejan que, cuando lo exige su delicado estado de salud, se ven obligados a deambular por los hospitales públicos y que, inclusive, pese a su estrechez económica, acuden a médicos y clínicas particulares, ya que, en caso contrario, tienen que esperar dos o más meses para que se los atienda en alguna de las casas de salud del IESS, cuyo radio de acción ha crecido muchísimo.
Por eso reclaman que se les dé prioridad por lo menos en los turnos para las consultas médicas y que se destinen áreas de “gediatría” suficientemente amplias y equipadas en los hospitales y dispensarios del Instituto de Seguridad Social.
Con mayor razón si la Constitución vigente establece que los adultos mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica y que el Estado les garantizará la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicina; establecerá políticas públicas y programas para su atención y tomará medidas de atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos y les brindará protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas.
La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o de las instituciones establecidas para su protección.
Los jubilados anhelan que estas disposiciones constitucionales no sean letra muerta, sino que sean pronta realidad.