La salvadoreña Esme tuvo un aborto espontáneo y permanece detenida desde hace dos años acusada de haberlo provocado. Esta semana fue condenada a 30 años de prisión. Donde el aborto es ilegal, anidan y prosperan las injusticias contra las mujeres, así como su mortalidad y sufrimiento.
En casi todos los países desarrollados el aborto es legal, expedito y se financia con dinero de los contribuyentes, pues se considera un tema de salud pública y de derechos de la mujer. Los grupos conservadores luchan contra esa práctica desde siempre y están a punto de ganar una batalla clave en uno de los bastiones de la democracia liberal: Estados Unidos.
La era Trump dejó como herencia una Suprema Corte con mayoría conservadora. Según una resolución filtrada, esa instancia se apresta a derogar una sentencia de 1973 que declaró legal interrumpir el embarazo. Los conservadores baten palmas, mientras grupos civiles, feministas y de derechos humanos están indignados y con ellos los estadounidenses que apoyan el aborto, que son mayoría.
Más allá de filias y fobias, la evidencia indica que donde el aborto es castigado, la práctica no disminuye. Lo que prospera es la ilegalidad, el sufrimiento y la muerte. Eso sucede, la mayoría de las ocasiones, en los países más pobres.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso hizo honor a su adscripción conservadora y vetó una ley que permite el aborto. Para él y en contra de la opinión de la Corte Constitucional, hay que poner trabas a tal práctica.
Convendría revisar qué sucede en los países con más altos índices de desarrollo y educación, donde las libertades y las leyes mandan. No son un mal ejemplo. Los menos permisivos lo permiten hasta las 10 semanas de embarazo, los más hasta las 24. Casi siempre de forma expedita.
Los derechos de las mujeres y la salud pública, terrenos donde datos y hechos son claros, deberían primar cuando se trata del aborto, pero las fuerzas conservadoras avanzan. Su ganancia se traducirá en más injusticias y sufrimiento.