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La historia de Maggie expone las grietas en el control de los servicios para animales de compañía en Quito. Su estadía en un centro de adiestramiento duró apenas 28 minutos.
Ese tiempo bastó para que sufriera lesiones compatibles con un atropellamiento. Tres días después, la eutanasia fue la única opción médica.
Maggie tenía cinco años, pesaba cerca de 28 kilos y era una perra de tamaño grande, similar a un Golden Retriever. Su tutor buscó ayuda profesional porque presentaba ansiedad y problemas para socializar. Nunca imaginó que esa decisión terminaría con su muerte.
Según relató Cristina Alarcón, coordinadora de proyectos de la Fundación Protección Animal Ecuador (PAE), el tutor dejó a Maggie un lunes, tras una evaluación previa. Minutos después recibió una llamada: “hubo un problema”, le dijeron.
Cuando llegó a la veterinaria a la que fue trasladada, Maggie yacía en el piso sin poder moverse. El diagnóstico posterior fue devastador: fractura de columna, hematomas severos y pérdida de piezas dentales. Los informes veterinarios compararon el trauma con el de un atropellamiento.
“No había mordeduras, no fue un ataque de otros perros. Para fracturar la columna de un animal de ese tamaño se requiere un golpe extremadamente fuerte”, explicó Alarcón.
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El responsable del centro nunca ofreció una explicación clara. Dio versiones distintas, ninguna sustentada con pruebas. Primero habló de estrés. Después insinuó una caída. No presentó comprobantes de atención veterinaria o pagos por servicios de emergencia, según consta en los reportes oficiales.
Los documentos de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) detallan que durante una inspección se verificó que el lugar contaba con permisos municipales vigentes. Sin embargo, el informe también concluye que el prestador de servicios no cumplió con sus obligaciones básicas de cuidado ni buscó atención veterinaria curativa de forma adecuada.
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El tutor presentó la denuncia ante la UBA en enero de 2025, con el respaldo de la fundación. Además, inició una querella penal por lesiones agravadas y muerte del animal. El proceso penal no avanzó: el presunto responsable no fue localizado para la notificación judicial y la causa prescribió.
Hoy, la única vía abierta sigue siendo la administrativa. La UBA solicitó a la Agencia Metropolitana de Control que inicie un procedimiento sancionador por infracciones graves y muy graves, que podrían derivar en multas y una eventual clausura.
Para Alarcón, el caso de Maggie refleja un problema estructural. “No existe una regulación clara para adiestradores, peluquerías o centros de entrenamiento. Cualquier persona puede tomar un curso en línea y presentarse como entrenador”, advirtió.
Incluso exmiembros de la unidad canina policial, consultados por la fundación, coinciden en que quienes trabajan con perros deberían pasar evaluaciones psicológicas y no tener antecedentes penales.
La fundación insiste en que la responsabilidad no recae en los tutores, sino en la falta de controles. Aun así, recomiendan buscar referencias previas, consultar con organizaciones animalistas y desconfiar de prácticas coercitivas.
“El adiestramiento debe basarse en educación positiva. Collares de castigo, privación de alimento o encierros son señales de alerta”, señaló Alarcón.
Maggie murió, pero su historia sigue abierta. El caso plantea una pregunta urgente: ¿cuántos centros que ofrecen servicios para animales operan sin un control efectivo?
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