El silencio electoral se debilita en redes sociales mientras se acerca la consulta popular en Ecuador
Expertos advierten que el silencio electoral pierde eficacia ante la propaganda política que persiste en redes sociales.
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El silencio electoral del 14 al 16 de noviembre de 2025 llega en un momento en el que la campaña se mueve casi por completo en redes sociales, donde los candidatos mantienen contenido político. Los expertos coinciden en que la normativa quedó rezagada y en que este periodo, creado para que el votante tome distancia de la propaganda, pierde eficacia cuando la comunicación digital continúa sin límites claros.
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¿Qué es el silencio electoral en Ecuador?
El Código de la Democracia establece que el silencio electoral inicia 48 horas antes de los comicios y se mantiene hasta las 17:00 del día de la votación.
Durante ese periodo, la ley prohíbe la difusión de información institucional, publicidad electoral, opiniones o imágenes que puedan inducir la preferencia del votante. El propósito de esta restricción consiste en ofrecer un espacio de calma para que el electorado tome una decisión sin presiones externas luego de semanas de campaña.
La consulta popular y referendo de 2025 tendrá campaña del 1 al 13 de noviembre, por lo que la veda empezará el viernes 14.
La normativa también impide la realización de mítines, concentraciones y actos proselitistas. Además, regula la propaganda en los recintos electorales, donde la presencia de mensajes a favor de una opción puede constituir una infracción. Este marco legal estructura el cierre del proceso electoral, pero mantiene reglas diseñadas para un entorno mediático que ya cambió.
¿Cómo funciona el silencio electoral y cuáles son las sanciones?
La multa por violar el silencio electoral es de 235 dólares, equivalente al 50% del Salario Básico Unificado (SBU). La sanción aplica para medios de comunicación, candidatos, organizaciones políticas y votantes que hagan propaganda dentro o fuera de los recintos electorales.
El CNE, además, calificó a las organizaciones habilitadas para hacer campaña por el Sí o por el No, y aprobó el fondo de promoción electoral. Estas reglas buscan ordenar el proceso, aunque no logran abarcar los canales donde hoy se concentra la comunicación política.
El problema surge porque la normativa no menciona de manera explícita a las redes sociales. La campaña se desplaza hacia Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, donde los contenidos siguen circulando incluso durante la veda.
La ley regula a la televisión, la radio y la prensa escrita, pero no alcanza a los espacios digitales. En la práctica, quien tiene más capacidad digital puede mantener su presencia sin interrupciones y sin un control efectivo.
La vigencia del silencio electoral en tiempos de redes
Sofía Guerrero, analista política, considera que el silencio electoral sigue teniendo sentido porque da un tiempo de reflexión libre de propaganda. También señala que la normativa quedó rezagada porque regula los medios tradicionales, pero no aborda la comunicación digital, que hoy concentra la mayor parte del consumo informativo.
Guerrero sostiene que el país necesita una legislación específica para redes sociales que establezca responsabilidades y límites sin vulnerar la libertad de expresión.
La analista explica que el silencio electoral nació para un modelo de campaña que ya no existe. En ese esquema, la televisión y la radio funcionaban como las principales vías de difusión política.
Hoy, la información circula sin pausas en plataformas que operan fuera del alcance del control electoral. Guerrero afirma que sin una reforma legal que incluya el ecosistema digital, la veda pierde su capacidad de cumplir su propósito original.
La imposibilidad real de controlar o sancionar la campaña digital
Según Guerrero, el país podría sancionar propaganda en redes en teoría, pero explica que en la práctica las instituciones no cuentan con herramientas para rastrear la segmentación o la coordinación de contenidos.
Las plataformas digitales no se rigen por el mismo marco de control que los medios tradicionales. La analista indica que esa diferencia impide que el CNE actúe con eficacia y dificulta la identificación de responsables cuando circulan mensajes dirigidos a grupos específicos de votantes.
El consultor coincide en la falta de capacidad de control. Para Silva, el CNE puede sancionar propaganda contratada, pero no publicaciones espontáneas de candidatos o militantes.
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También sostiene que muchas cuentas operan desde el extranjero o utilizan servidores fuera del país. Señala que el ciclo administrativo para identificar, notificar y sancionar una infracción toma más tiempo que la dinámica de la campaña digital, por lo que cualquier sanción llega después de los comicios y pierde su efecto.
Los riesgos de seguir haciendo campaña en redes
La experta advierte que quien mantiene actividad digital durante el silencio electoral rompe la equidad de la contienda.
Explica que esa ventaja altera el principio de neutralidad porque permite que un candidato continúe posicionando mensajes mientras los demás detienen su comunicación tradicional.
También señala que este tipo de prácticas alimenta la desinformación y la polarización porque los usuarios reciben contenido no verificado y opiniones disfrazadas de información.
Silva sostiene que el cierre de campaña se parece a los últimos minutos de un partido de fútbol. Afirma que un candidato puede ganar o perder una elección en ese periodo por decisiones tácticas.
También señala que una publicación mal calculada puede provocar una crisis inesperada y cambiar el resultado. Silva advierte que hacer campaña en silencio electoral se convierte en un arma de doble filo porque una ventaja aparente puede transformarse en un problema político si un mensaje genera rechazo.
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La eficacia real del tiempo de reflexión del votante
Guerrero asegura que el silencio electoral funciona solo en parte. Explica que en este proceso se cumple en medios tradicionales, pero no en redes sociales, donde persiste la circulación de propaganda encubierta o de opiniones que buscan influir en la decisión del votante.
La analista sostiene que esa exposición constante interrumpe la reflexión del electorado y limita la capacidad de tomar una decisión libre de presiones externas.
Silva afirma que el silencio electoral termina como letra muerta porque el país no logra aplicar su carácter sancionatorio en el entorno digital. También indica que cualquier intento de control puede vulnerar derechos como la libertad de expresión.
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El consultor sostiene que el votante no accede a un espacio de calma porque la información sigue en movimiento y la línea que separa opinión individual y propaganda se vuelve cada vez más difusa.
Las reformas necesarias para responder al ecosistema digital
Guerrero plantea que la legislación debe incluir explícitamente a las redes sociales. Propone diferenciar entre propaganda pagada y opinión individual, exigir transparencia en la pauta digital y establecer mecanismos de retiro rápido de contenido durante el silencio electoral.
Para la analista, estas medidas permitirían equilibrar la necesidad de ordenar la campaña con la protección de la libertad de expresión, aunque requieren cooperación técnica con las plataformas.
Silva sostiene que cualquier reforma sería insuficiente porque rastrear quién financia una campaña no institucionalizada resulta complejo.
También menciona que la cantidad de perfiles ficticios impide un control eficaz. El consultor afirma que un sistema de sanciones no tendría efecto inmediato y que las decisiones administrativas llegarían después del proceso electoral. Con eso, la reforma perdería impacto y mantendría las mismas limitaciones actuales.
Los problemas del silencio electoral
Pablo Rosales sostiene que el país enfrenta una tensión entre el principio institucional del silencio electoral y la dinámica digital que nunca se detiene.
Explica que la el silencio electoral nació para un escenario donde los medios eran limitados, las audiencias eran masivas y la circulación de información seguía tiempos claros. Rosales señala que hoy el debate se mueve en redes, donde la comunicación funciona a otra velocidad y donde cualquier control estatal encuentra fronteras técnicas.
El analista afirma que la brecha entre la normativa y el ecosistema digital se vuelve cada vez más evidente. También sostiene que los actores políticos aprovechan esa diferencia para mantener actividad en redes, lo que altera la competencia electoral. Rosales considera que el país necesita una actualización profunda de la normativa para equilibrar la dinámica digital con la protección de la equidad en el proceso.
- Información extra: Silencio electoral
