El Sí y el No se enfrentan sin reglas en las redes sociales; tres ejes se tambalean en el proceso
La campaña para la Consulta Popular y el Referendo 2025 está en curso y hay recursos que se escapan del control.
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La campaña digital por la Consulta Popular y Referendo 2025 en Ecuador crece sin la potestad de un control absoluto del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un escenario donde la normativa aún no regula de manera específica el contenido en redes sociales. La cita en las urnas, impulsada por el presidente Daniel Noboa, será el domingo, 16 de noviembre.
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Campaña en redes sociales por la Consulta Popular y el Referendo, sin límites
Aunque el organismo establece un techo global de gasto y un calendario oficial de campaña, no lleva un registro ni auditoría sobre la inversión en todas las redes. A la par, el principal vació normativo está en el control del contenido.
En la práctica, el límite legal se diluye. Las redes sociales operan fuera del radar institucional, y no existe información pública sobre quién financia las campañas digitales ni cuánto se pauta en anuncios.
Por eso, como remarca Nicolás Castro, experto en comunicación, las estrategias políticas continúan activas incluso después del silencio electoral, manteniendo la difusión de encuestas, tendencias o mensajes diseñados para incidir en la intención de voto.
El CNE definió la campaña electoral desde el sábado, 1 de noviembre, hasta la 23:59 del jueves, 13 del mismo mes.
Una normativa anclada al pasado
Desde 2008, los ecuatorianos han votado seis veces por reformas. En este 2025, un séptimo referendo y consulta popular vuelven a poner sobre la mesa la efectividad de estos procesos y el control.
Castro, coordinador de Comunicación de la UIDE, refiere que el marco normativo del Ecuador sigue anclado en el siglo XX. La ley regula la publicidad en medios tradicionales como radio, televisión o prensa, pero no contempla el ecosistema digital, donde la comunicación es inmediata, segmentada y, muchas veces, anónima.
Esta brecha entre lo legal y lo digital permite que las organizaciones políticas superen los límites formales sin infringir abiertamente ninguna norma.
Semanas antes del inicio oficial de la campaña, ya circulaban cuentas, videos e influencers que posicionan consignas o rostros ligados a una de las opciones de voto. En muchos casos, dice el experto, se trata de publicidad pagada presentada como contenido orgánico, una táctica que convierte la propaganda en conversación y dificulta la fiscalización.
¿Y la reforma al Código de la Democracia?
La reforma al Código de la Democracia sobre dicho control aún no llega. Nicolás Castro, además, remarca que el país necesita que la pauta digital se registre y sea transparente.
A la par, que el gasto en redes forme parte del límite total de campaña y que exista una auditoría independiente sobre el uso de plataformas y estrategias invisibles, como bots o cuentas automatizadas.
En esta campaña, las redes reflejan dos narrativas opuestas: la del oficialismo, que busca mostrar la consulta como un respaldo al presidente Daniel Noboa, de la mano con una solución para la realidad actual del país, como contra el crimen organizado.
Está, además, la oposición, que la plantea como un plebiscito contra el poder. Ambas partes utilizan formatos breves, contenido emocional y la participación de influencers o creadores de contenido para moldear la conversación pública.
El pueblo, en definitiva, deberá responder sobre:
- Operación de bases extranjeras en Ecuador.
- Eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas.
- Reducir el número de asambleístas: 10 asambleístas nacionales; uno elegido por cada provincia; y uno provincial adicional por cada 400 000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional.
- Convocar a una Asamblea Constituyente.
Los tiempos de la campaña electoral
De acuerdo con lo expuesto por el CNE, durante el periodo de campaña, las organizaciones políticas y sociales calificadas por el organismo podrán hacer uso del Fondo de Promoción Electoral definido en 209 080,80 dólares más IVA, por cada pregunta, en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, de forma equitativa e igualitaria.
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Mientras que, el Límite de Gasto Electoral no podrá superar los 2 787744,80 para cada opción (Sí o No) y permitirá el financiamiento de eventos, mítines y reuniones, pintura de murales o material publicitario como adhesivos, camisetas, entre otros.
Quienes incumplan los plazos establecidos para realizar campaña electoral, incurrirán en infracciones electorales graves, sancionadas con multas que van desde seis hasta 10 salarios básicos unificados, así como destitución y/o suspensión de derechos de participación hasta seis meses.
Control en el mundo de las redes sociales
Esteban Ron, analista político y experto en temas electorales, apunta a que el inicio de la campaña está, sin duda, marcado por un fenómeno polarizante. El Gobierno busca un efecto de arrastre, para que su popularidad se traduzca en votos por su propuesta.
Las redes sociales son, justamente, una vía para lograr este cometido, con videos del Mandatario con la figura de poder y, a la par, cercano a la comunidad.
El No, dice Ron, está usando la misma estrategia, pero sin la eficacia que da la propaganda desde lo oficial. No obstante, el experto apunta que sí se está discutiendo el contenido de las preguntas. Pero, en ambos casos, desbordan la capacidad que tiene el CNE. Aunque, sí se mantiene la tendencia por el Sí o No, sin puntos medios.
¿Entonces qué urge?
Esteban Ron apunta que hay variables que tomar en cuenta. En principio, faltan normas. Pero, la producción de estas, en el caso de las redes sociales, tienen una limitante: la territorialidad, al tratarse de espacios digitales.
En ese sentido, hay que aplicar otro tipo de leyes o compromisos, de carácter ético y moral, desde las organizaciones políticas. Esto podría darse a través de un acuerdo planteado ante el Consejo Nacional Electoral.
El experto alude al Derecho Comparado, como en Brasil. Se refiere a la oficialidad: las organizaciones deben reportar al organismo las redes de la agrupación, de los integrantes y los colaboradores que van a participar en la campaña.
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