El campeón olímpico de longitud, Greg Rutherford, ha congelado muestras de su esperma por temor a infectarse del virus zika durante su participación en los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Foto: AFP
La justicia de Río de Janeiro ordenó, el 15 de enero del 2020, el cierre de todas las instalaciones construidas para los Juegos Olímpicos de 2016, en un plazo de 24 horas, hasta que sean presentados los certificados de seguridad para su funciamiento.
En su decisión, a la que tuvo acceso la AFP , el juez Eugenio Rosa de Araújo acató un pedido de octubre de la Fiscalía de Rio para que se prohibiera la celebración de eventos multitudinarios en las instalaciones olímpicas hasta que la alcaldía de la capital carioca aporte los documentos.
La alcaldía anunció en un comunicado que recurrirá este jueves la medida.
El juez explicó que tomó la decisión “para preservar la seguridad de la población” y recordó que en esas instalaciones, especialmente en el Parque Olímpico de Barra de Tijuca, son organizados “shows y festivales que reciben miles de personas”.
“Este escenario, compuesto por locales castigados por la falta de vigilancia y por la presencia de millares de personas, puede resultar en tragedias”, escribió el magistrado.
La medida afecta a las instalaciones del Parque Olímpico de Barra de Tijuca, pulmón de los Juegos y construido en este barrio moderno del oeste, entre ellas la Arena Olímpica de Rio, el centro de tenis y el velódromo.
También a las de la región de Deodoro, un humilde suburbio en el noroeste de Rio que poco o nunca ve turistas, que albergó las disciplinas como el hípica, hockey sobre césped, rugby a siete y canotaje.
Según la Fiscalía, la entidad federal responsable de la administración de las instalaciones fue “extinguida en junio pasado, lo que contribuyó al estado de abandono de las instalaciones, con robos de equipamientos y cables de energía”.
Las instalaciones para las Olimpiadas de Rio de Janeiro, las primera celebradas en Sudamérica, fueron muy criticas por la abundancia de recursos que le destinaron las autoridades, unos 12.500 millones de dólares, y por los millonarios casos de corrupción destapados.