Derechos Humanos

COLUMNAS DE OPINIÓN. Artículos de derechos humanos publicados originalmente en la página de opinión de la edición impresa de Diario EL COMERCIO.

Dimitri Barreto P.

Periodista desde 1996. Ha cubierto los efectos del conflicto armado colombiano, la corrupción y la violencia en Ecuador. Licenciado en Comunicación, con un diplomado en la UNAM sobre cobertura del crimen organizado. Macroeditor de EL COMERCIO. @ECdimitri

Drogas y clínicas

A Anthony le cerraron puertas. Con 20 años, víctima de la ‘H’, una droga expandida en calle con el fatal efecto de incrementar la liberación de neurotransmisores como la dopamina, por tanto, altamente adictiva (impacta en el autocontrol, con ansiedad para buscar, por cualquier vía, más droga). Con su familia sin salida. Terminó en la ‘clínica de rehabilitación’ que se consumió entre llamas el 11 de enero del 2019 y segó su vida, la de su primo y las de otros 16 jóvenes en el suburbio de Guayaquil; en una tragedia que ha desvelado el estado de la política de drogas en Ecuador.

¿La ‘H’? Sí. 74 386 personas con ‘consumo problemático de drogas’ han acudido a unidades del Ministerio de Salud entre enero y octubre del 2018. De ellas, 21 065 por la droga ‘H’. Y no, no es la única. Los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) incluyen a Ecuador en el consumo de marihuana, cocaína y nuevas sustancias psicoactivas.

Y no solo desde 2013 con la tabla de dosis mínimas permitidas para consumo en Ecuador. En 2010, el Plan de Drogas 2011-2013 ya identificaba 315 centros para el tratamiento: 178 de ellos clandestinos. Para 2018, Ecuador registraba más de 100 sitios: 39 con permisos (35 de ellos particulares) y 69 clausurados.

El consumo de drogas no es un tema ajeno. Pero la forma cómo se lo ha enfrentado es precaria, punitiva. ¿Precaria? “Al Estado le corresponderá ofrecer tratamiento a los consumidores”, reza en la Constitución. ¿En serio? Y por qué familias como la de Anthony acuden, desesperadas, a clínicas clandestinas. Simple, porque la medicina del Estado no surte efecto y su prescripción es una burla: deje de consumir.

“Las adicciones son un problema de salud pública”, reza en la Constitución. A saber, no corresponden a la Policía (se aplauden las 95 toneladas de droga incautadas en 2018). Señores, urge una política pública de drogas, integral, con énfasis en salud y en derechos. Que tenga como eje transversal la premisa de que en Ecuador el consumo no es un crimen, como para encerrar a los adictos en jaulas o desecharlos.