Un espacio para hablar de los resquicios que dan cabida a la violencia y ponen en riesgo los derechos fundamentales. Otros artículos del autor: http://bit.ly/dBarreto Twitter: @ECdimitri
Dimitri Barreto P.
Periodista de Ecuador. Ha cubierto los efectos del conflicto armado colombiano, la corrupción y la violencia en Ecuador. Licenciado en Comunicación, con un diplomado en la UNAM sobre cobertura del crimen organizado. Es Macroeditor Digital de EL COMERCIO

Cárceles de la ‘revolución’

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Viernes 09 de noviembre 2018

Corría el régimen de Rafael Correa cuando desde Ginebra cuestionaron a las ‘ejemplares prisiones’ de Ecuador, pese al cierre del penal García Moreno; pese a los USD 200 millones en cárceles regionales de Cotopaxi (Latacunga), Guayas y Azuay; pese a la seguridad; pese a los trajes naranjas para presos.

Hay que recordar el referéndum correísta del 2011, que tiró a la basura la garantía constitucional que impedía la continuidad en prisión de una persona que había cumplido seis meses sin recibir sentencia por delitos menores o un año por delitos mayores.

En lugar de propiciar que fiscales y jueces actuaran diligentes, con independencia, en plazos procesales para dictar sentencias, la salida fue castigar: populismo penal. Y el efecto, hacinamiento. Para 2011 (año del referendo) Ecuador tenía 13 000 prisioneros; en 2013 superaban los 24 000.

Ecuador “debe redoblar sus esfuerzos por aliviar el hacinamiento en los centros de reclusión”, dijo en Ginebra el Comité Contra la Tortura de la ONU, en 2016 y lo ratificó en enero del 2017 en un informe escrito.

Septiembre del 2015. Un interno cayó del segundo piso de la cárcel de Latacunga, pero pasaron tres horas hasta que fuera evacuado. Entonces, sus compañeros subieron a los techos para exigir buen trato. Noviembre del 2018. Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador condenado en el caso Odebrecht, fue trasladado por una deshidratación desde la cárcel de Latacunga hasta un hospital de Quito.

Enero del 2017. El Comité apuntó: “Preocupa también que, pese al traspaso de competencias al Ministerio de Salud, se sigan registrando deficiencias en los servicios de salud y atención médica de los centros” carcelarios.

El Comité de la ONU, que espera respuestas del país en 2020, cuestionó además a Ecuador por las detenciones arbitrarias de transeúntes; la tortura en cárceles; la existencia de ‘celdas de reflexión’ para aislar presos; los métodos vejatorios e invasivos para registro de visitantes; las muertes de prisioneros. Y pidió al Estado una ‘amplia difusión’ de su informe; pero la propaganda no lo consideró pieza de la ‘revolución’.