Hace unos días en un programa muy popular de TV guayaquileño se realizó un reportaje sobre la atención en un hospital público, donde una ciudadana herida de bala en un asalto se le exigía que previamente presentara una denuncia para poder atenderla, por lo que ella trató de presentar la denuncia en la Fiscalía, donde también dieron largas al asunto y ante la gravedad del caso el reportero tuvo que ir con ella al hospital donde solo la atendieron ante la fuerza de las cámaras de TV, es decir si no hubiese habido la coincidencia del reportaje podría haber muerto. Lo que no comprendo es cómo es que el Sr. Gobernador o el Intendente no se molestaron en reducir a prisión y ordenar la cancelación de esos servidores que infringieron no solo la ley de Derechos y Amparo al Paciente, sino principios elementales humanitarios de emergencia, ya que parecería que el sector público solo funciona cuando existe coerción legal.