17 de junio de 2020 20:27

La violencia afecta a Molleturo; 29 hechos que implicaron la incineración de patrulleros se reportan en cinco años

Uno de los agentes que fue afectado por el ataque del 30 de mayo del 2020

Uno de los agentes que fue afectado por el ataque del 30 de mayo del 2020. Foto: Cortesía

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Lineida Castillo

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Dos semanas después de que un grupo de policías fuera atacado en Molleturo, las investigaciones siguen. Se han tomado las versiones de los uniformados y se adjuntaron los informes médicos de los cinco agentes que fueron emboscados, atacados y golpeados por ocho civiles.

Eso ocurrió a las 19:40 del sábado 30 de mayo. Los policías retornaban de la comunidad de Río Blanco atendiendo una emergencia por una pelea entre vecinos. En la parte más alta está un proyecto minero.

Los uniformados viajaban en un patrullero y se dirigían hacia Cochapamba, donde está la Unidad de Policía Comunitaria. En ese trayecto no hay viviendas, la carretera es de tierra y la zona boscosa. El frío y el viento soplan fuertes, porque está sobre los 3 500 metros de altura.

Según la denuncia, los desconocidos portaban armas de fuego y machetes. Rompieron los parabrisas y obligaron a sus ocupantes a bajarse del vehículo en el que iban. Los uniformados dicen que solo escuchaban la voz enfurecida de los desconocidos que amedrentaban.

Los policías Bryan Cárdenas y Bryan Córdova aseguran haber huido en diferentes direcciones, entre la maleza, pues los desconocidos disparaban. En cambio, los agentes Alexander Guaicha, Juan Girón y Edison Duchitanga fueron retenidos, latigueados y golpeados.

Ellos contaron que los obligaron a despojarse de la ropa y arrodillarse mientras eran amenazados de muerte. “No queremos policías, gente extraña ni mineros”, recuerdan una de las frases. Se apropiaron de los uniformes y del arma que portaba uno de ellos.

Al parecer todo había sido planificado, dicen las investigaciones. Cargaban combustible y prendieron fuego al vehículo. Cuando ardía en llamas lo empujaron por una ladera y fue a parar a unos 100 metros, cerca de una quebrada. El carro quedó reducido a escombros y permanece en el sitio.

Lo de ese sábado fue uno de los 29 hechos violentos de los últimos cinco años en Molleturo. Estos dejaron tres patrulleros y dos vehículos particulares quemados, al igual que el campamento minero de donde se sustrajeron dos toneladas de material explosivo, en junio del 2028.

Además, hubo más de una veintena de heridos, entre policías y civiles. En otro ataque se llevaron dos armas de policías. Todos los casos entraron a investigaciones en la Fiscalía, pero nada se ha recuperado y tampoco hay detenidos.

En el caso actual se investigan delitos como tentativa de asesinato, agresión y daños a bienes del Estado. El fiscal de Azuay, Leonardo Amoroso, dice que hay un grupo de personas que amenaza, extorsiona, intimida y agrede a los habitantes, en nombre del cuidado del agua y la oposición a una minería que “no existe”.

El proyecto Río Blanco está paralizado desde junio del 2018 por un fallo judicial, que fue ratificado en segunda instancia. No hay labores en el sitio. En lo que era el campamento solo quedan escombros y las huellas del incendio provocado.

“No somos culpables de la violencia, pero en Molleturo no vamos a permitir que se mueva una sola piedra de la minería ni tampoco estamos para hacer minería artesanal”, dijo Enrique Gutama, vocal de la Comuna Molleturo.

“Es una zona bastante peligrosa. La Policía no puede ingresar y nosotros menos”. insiste el fiscal Amoroso. Él argumenta que por eso no pueden recabar todos los elementos de convicción y tampoco los testigos colaboran por temor. “Allí hace falta una intervención para establecer la paz”.

Dentro de las investigaciones está prevista la reconstrucción de los hechos del 30 de mayo, pero Amoroso duda que se lo puedan hacer. Ángel Zapata, comandante de Policía de Azuay, también cree que no es un caso fortuito, porque estas personas manejan armas y tienen una posición radical.

Según el gobernador, Xavier Martínez, tienen identificadas a cinco personas, pero las investigaciones determinarán si eran antimineros o grupos delictivos que operan en la zona. Mientras tanto se incrementó el número de uniformados en la parroquia.

El pasado lunes y tras cumplir con el reposo médico, cuatro de los uniformados que fueron emboscados ya se reintegraron a sus labores. Únicamente Bryan Córdova, quien tiene laceraciones de los perdigones en su brazo derecho y una herida en la cabeza sigue en descanso.

Él fue quien tras caminar cuatro horas llegó hasta una vivienda de Migüir, fue auxiliado por un habitante y alertó lo ocurrido. Mediante un amplio operativo de las fuerzas especiales, cerca de las 02:00 de ese domingo 31 de mayo, fueron ubicados los tres uniformados.

Al último lo encontraron a eso de las 04:00 cerca de una quebrada y estaban con signos de hipotermia. “No hubiese aguantado una hora más”, dijo Zapata. El Comando dispuso el incremento de policías en la zona, tras los últimos hechos.

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