24 de febrero de 2020 11:17

Petita Albarracín: 'Todos en el colegio sabían por lo que estaba pasando mi hija. ¿Por qué nadie me llamó?'

Petita Albarracìn cuenta su lucha de 17 años, en las oficinas de Cepam, en Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Petita Albarracìn cuenta su lucha de 17 años, en las oficinas de Cepam, en Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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Petita Albarracín está cansada. Cuando se sienta en uno de los salones del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), en el sur de Guayaquil, apoya sus manos sobre sus piernas y respira profundo antes de contestar preguntas sobre el caso de su hija: Paola Guzmán.

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-
IDH), en Costa Rica, escuchó el 28 de enero último una disculpa por “acciones y omisiones del Estado” en la muerte de Paola, por parte de María Fernanda Álvarez, directora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Ecuador.

Ella viajó a la Corte IDH para ser parte de una audiencia pública del juicio. Pasará al menos un año para que se dicte una sentencia. Para Petita esto no es suficiente. No busca una reparación económica. Ella quiere que no se vuelvan a repetir casos como el de su hija.

Paola se quitó la vida el 12 de diciembre del 2002, dos días después de cumplir 16 años. En el expediente que está en la Corte IDH se señala que fue víctima de abuso y acoso sexual del vicerrector de un colegio público, mayor de 65 años de edad. Ella tenía 14 cuando el hombre le ofreció ayuda en dos asignaturas a cambio de salir con él.

Según ese documento, cuando cumplió 16 años supo que estaba embarazada y el vicerrector le dio dinero para adquirir medicina abortiva y la indujo a buscar ayuda con el médico del plantel que, a cambio, pidió favores sexuales.

Los responsables no fueron a la cárcel. El vicerrector huyó tras la muerte de Paola. Reapareció después del 2008, cuando el caso prescribió. Cepam cree que el pronunciamiento de la Corte-IDH servirá para sentar un precedente y para establecer políticas públicas. Esta organización de Guayaquil acompaña a Petita desde el 2006 en todos los procedimientos legales. Junto con el centro de Derechos Reproductivos de Colombia, presentó ese año el caso a la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), que se pronunció el 2018 y elevó el caso a la Corte.

Esa entidad concluyó que Paola fue víctima de violencia en su condición de mujer y niña y “que existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su decisión de quitarse la vida”. Además, señaló una serie de acciones y omisiones del plantel, que contribuyeron al desenlace fatal, por lo que responsabilizó al Estado.

“Todos en el colegio sabían por lo que estaba pasando mi hija. ¿Por qué nadie me llamó?”, comenta Albarracín.

Ella aspira a ver cambios en el sistema de Educación: no humillar a las niñas y niños cuando tengan algún problema, mejorar la comunicación de parte de los profesores con los padres y que haya un cambio radical en el Ministerio.

“Mi familia me apoyó al principio, pero luego cada uno tenía su vida y me enfrenté sola”.

Su hija menor ahora tiene 23 años y trabaja para apoyar a su mamá. Varias veces ella le ha dicho que le hubiera gustado tener a su hermana con vida.
En esa época, Petita tenía un puesto de venta de ropa. Pero dejó a un lado esa actividad para dedicarse a buscar justicia.

La mujer sabe que su caso se ha convertido en un referente para combatir los abusos sexuales dentro de los colegios y recuerda haber encontrado una experiencia similar a la suya. Una madre del mismo establecimiento donde estudiaba Paola se le acercó, durante los primeros meses de su lucha, para decirle que la entendía porque a su hijo también lo habían acosado.

Por ahora dice que las disculpas que brindó el Estado no son suficientes. “Yo me tuve que parar durante la audiencia porque no podría creer lo que escuchaba. Mi abogado me dijo que me calmara, que me sentara, que eso no se hace; pero yo no podía quedarme tranquila. Estaba tan indignada”.

Paola, según cuenta Petita, decidió quitarse la vida porque no quería ser una carga para su mamá. “Yo le di toda la confianza a mi hija. Siempre le preguntaba qué le pasaba y estaba pendiente de ella. Por eso no dejaré de luchar, porque haya una reparación ante todo esto”.

Y esa reparación pasa porque el sistema educativo de Ecuador ofrezca mejores garantías para la protección y seguridad de los niños y niñas dentro de los colegios.

Continúa trabajando con la asesoría legal de Cepam para analizar qué otras acciones pueden tomarse para que el caso no termine con una simple disculpa de parte del Estado, sino que se transforme en un plan de acción para prevenir los abusos físicos y sexuales.

Petita da las gracias por los espacios que se le han abierto para exponer su camino para obtener justicia. “Siempre es difícil dar entrevistas. Muchas veces no quiero porque estoy cansada. Pero creo que los medios cambiaron su visión sobre el caso de mi hija”.

Ella cree que el exvicerrector está en Guayaquil. Algunas personas le comentaron que maneja un taxi. Prefiere no pensar mucho en eso, porque cuando lo hace se enferma. Lo que quiere es que la muerte de Paola marque un antes y un después en la seguridad de los niños y las niñas.

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