1 de noviembre de 2018 00:00

Vacíos en la Ley Legislativa traban la purga

Noralma Zambrano, Eliceo Azuero y Ana Galarza investigaron el caso Vallejo. Foto: EL COMERCIO

Noralma Zambrano, Eliceo Azuero y Ana Galarza investigaron el caso Vallejo. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Política

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Legisladores del oficialismo y de partidos de oposición advierten vacíos en la ley que rige a esta Función del Estado para continuar adelante con los procesos que, por distintas causas, se siguen en contra de Norma Vallejo, de Alianza País (AP), y Sofía Espín (ex AP).

En el caso de Espín, el informe que recomienda su destitución estuvo listo desde el 20 de octubre, cuando una Comisión Multipartidista determinó que ejerció funciones que no le competen, tras haber visitado en una cárcel a una testigo protegida del caso Fernando Balda, en el que está vinculado el expresidente Rafael Correa.

El documento fue aprobado con los votos de Fernando Callejas (Creo) y Jimmy Candell (BIN), mientras Bairon Valle, de la bancada correísta a la que pertenece la legisladora, votó en contra y presentó un informe de minoría.

Cinco días después otra Comisión Multipartidista, integrada por Noralma Zambrano (AP), Eliceo Azuero (BIN) y Ana Galarza (Creo), decidió por unanimidad recomendar la destitución de Norma Vallejo por supuestamente haber gestionado un cargo público.

Para los dos procesos se invocó al artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, ese cuerpo legal no determina un plazo para que la primera autoridad de la Asamblea ponga a consideración del Pleno los informes de este tipo.

La asambleísta Ana Belén Marín (AP) espera que su colega, Elizabeth Cabezas, los incluya en las sesiones del Pleno que tendrán lugar el martes o el jueves próximo, después del feriado, aunque reconoció que su bancada aún no ha consensuado una postura.

La situación de Espín podría tener un giro con la decisión tomada el martes pasado por la Fiscalía, que solicitó a la Corte Nacional que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de Espín y la abogada del expresidente Correa, Yadira Cadena, por el presunto delito de tráfico de influencias.

“Si previamente el juez pide que se le levante la inmunidad ya no tendría mayor sentido apresurarse en la votación del pleno de la Asamblea, porque estaría avanzando un procedimiento de índole penal”, sostuvo el socialcristiano Luis Fernando Torres.

En sus redes sociales, Espín manifestó que se la quiere acusar cuando no ha sido tomada su versión y que hay “presiones” que vienen de la Asamblea Nacional.

Cristóbal Lloret, coordinador de la bancada correísta, ratificó el apoyo del grupo a ella y adujo que su actuación “no se encasilla en un tráfico de influencias” porque no pretendió un beneficio personal.

Esteban Bernal (CREO), quien denunció a Espín, analiza la posibilidad de presentar en una próxima sesión del Pleno un proyecto de resolución para que se trate el caso, aunque admite que hay vacíos en la norma para resolverlo.

Uno de esos vacíos tiene que ver con la forma de votación, pues la Ley no contempla si la destitución de un parlamentario debe darse con las dos terceras partes de los 137 miembros de la Asamblea, o con el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento o de los asistentes a la sesión.

La salida que avizoran es que cuando los informes lleguen al Pleno, antes del tratamiento, se ponga a consideración de esta instancia una resolución en la que se establezca la forma cómo se va a votar.

Raúl Tello, del Bloque de Integración Nacional (BIN), sentenció que “la Asamblea no ha podido dar muestras al país de que realmente, en su mayoría, exista la voluntad de poder sancionar los hechos irregulares”.

La presidenta Cabezas no estuvo esta semana en el Parlamento, pues viajó a Japón para participar en eventos con ocasión de la conmemoración del centenario de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y el país nipón.

En su lugar, Viviana Bonilla, vicepresidenta de la Legislatura, dirigió las sesiones, y la prioridad fue la recepción de versiones en torno a la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, procesado por supuesto peculado.

Durante las últimas tres jornadas, comparecieron siete funcionarios y una exministra. Se prevé que la próxima semana este tema vuelva a debate.
Por otra parte, esta semana también se efectuó la interpelación al exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, por el tema de la disposición de rubros de la emergencia del terremoto del 2016 para otros fines. De la Torre no fue censurado, finalmente, ya que no hubo los votos suficientes, a pesar de que había un informe de la Comisión de Fiscalización que recomendaba la sanción.

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