El Tratado Bilateral de Inversión frena el acuerdo con México
El ministro de la Producción, Julio J. Prado y el viceministro mexicano, Maximiliano Reyes, se reunieron en Quito. Foto: Cortesía Ministerio de la Producción
Ecuador fijó como meta concretar hasta finales del 2021 el acuerdo comercial con México. Pero la negociación del Tratado Bilateral de Inversión (TBI) es un tema pendiente y sensible debido a una traba constitucional ecuatoriana.
El artículo 422 de la norma establece que “no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.
Ante esta preocupación de México, Ecuador planteó como alternativa tener una sede latinoamericana de solución de controversias.
Según el ministro de la Producción, Julio José Prado, una de las contrapropuestas de México fue que se busque otra alternativa. “Es un tema que está pendiente y debemos realizar consultas en la Corte Constitucional y determinar qué se puede hacer para destrabar los TBI”.
Prado no descartó que una de las posibles opciones sería el retorno del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), que es una institución del Banco Mundial. Ecuador se retiró en el 2009 con el argumento de que el artículo 422 de la Constitución le impedía ser miembro.
“También, se requieren algunas consultas. Queremos definir la mejor estrategia. Es un tema que se tratará en las siguientes reuniones formales con México”, dijo Prado. Él se reunió el 25 de mayo con el viceministro para América Latina y el Caribe de México, Maximiliano Reyes, quien llegó a Quito para la posesión del presidente Guillermo Lasso.
Allí, planearon una hoja de ruta que incluye conversaciones técnicas con los viceministros de Comercio Exterior y seguir con el intercambio de listas de productos sensibles para ambas naciones.
“Es absolutamente posible que se pueda cerrar el acuerdo hasta finales de año si podemos cerrar los puntos rojos como el TBI”, aseguró Prado.
Alexandra Mosquera es directora ejecutiva de la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México. Según ella, el capítulo de inversiones es muy importante para México porque es uno de los países que más capitales ha traído al Ecuador. De acuerdo con el Gobierno de esa nación, la inversión extranjera acumulada en el mercado ecuatoriano bordea los USD 6 000 millones en los últimos 10 años.
México ha pedido buscar alguna alternativa que pueda proteger las inversiones, ratificó Mosquera. “Está analizando el tema porque tiene muchos acuerdos internacionales con otros estándares… Pero hay voluntad política en México por avanzar”.
Según Mosquera, en los últimos tres meses ha tenido frecuentes contactos de empresas mexicanas que desean exportar a Ecuador, efectuar alianzas estratégicas o invertir en áreas como alimentos, telecomunicaciones, almacenamiento, manufactura y transporte, principalmente, porque “México quiere diversificar sus mercados”.
La preocupación por los TBI no solo se centra en el acuerdo con México, sino en las negociaciones futuras. Según Prado, con Estados Unidos se tendrá que armar una negociación específica en temas comerciales, servicios, inversiones y propiedad intelectual.
“Será un tema más largo y los TBI son una limitante para cualquier tipo de acuerdo comercial. Vamos a tener que encontrar una solución con México y ojalá sea lo suficientemente adecuada y amplia para las negociaciones con Estados Unidos y otros países. El gran problema es que Estados Unidos, México y otros países no se quieren sujetar a las jurisdicciones latinoamericanas, sino internacionales”.
El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Felipe Rivadeneira, coincidió que con EE.UU. será más complejo y espera una respuesta de la Corte Constitucional.
En agosto del 2018, la entonces presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, presentó a esta Corte una acción de interpretación para determinar el alcance del artículo 422.
En junio del 2019 se sumó el recurso llamado “amicus curiae”, interpuesto por la Cancillería y el Ministerio de Producción para ser parte en el proceso presentado por Cabezas. Sin embargo, la Corte aún no se pronuncia al respecto.