Adrián (nombre protegido) sobrevivió a una clínica ilegal. Ahora acude a terapia y comparte su historia con otros. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Le dijeron que tendría un despertar espiritual, pero de repente se vio desnudo, envuelto con cinta de embalaje y colgado de los pies. “El director de la clínica le dijo a mi familia: ‘Él está en buenas manos y en las de Dios’. Cuando se fueron comenzó la pesadilla”, dice Adrián (nombre protegido). Su adicción fue reprochada a golpes. Sin opción a responder, el joven recuerda que lloraba y que sus gritos lo ahogaban; tras cada pregunta recibía un baldazo de agua en el rostro.
Adrián tenía 20 años cuando ingresó a una clínica del sur de Guayaquil, para alejarse de la H. Su madre reunió USD 200 para el primer mes de tratamiento; sin saberlo lo sacó de la calle y lo dejó en una prisión.
Las historias de tortura se viven en silencio en casas que funcionan como centros clandestinos de rehabilitación. Generalmente, atienden en sectores populares, donde ofrecen supuestos tratamientos contra las drogas a bajo costo. No tienen permisos; tampoco especialistas ni un plan terapéutico.
Como psiquiatra, Julieta Sagnay ha oído esos testimonios de maltrato. De ahí concluye que estos centros son dirigidos por exadictos, que en gran parte salieron de la primera clínica que tuvo la urbe hace 30 años. “Se rehabilitaron a golpes y creen que resultará con otros. Pero no saben qué es la droga H ni cómo manejar la abstinencia. Piensan que los chicos fingen los síntomas”.
Una semana después de su ingreso, Adrián recuerda que fue liberado de las vendas que lo ataban. Entonces se encontró envuelto en orines y suciedad, cubierto de moretones. “Éramos 27 y nuestro terapista era un palo. Cada noche nos desnudaban y nos daban un golpe en la espalda… Antes de dormir, siempre me preguntaba: ¿Dónde he caído?”.
La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de la Salud (Acess), adscrita al Ministerio de Salud, regula los centros de tratamiento de adicciones y clausura aquellos que no tienen licencia. El 2018 y el 2019 registra 292 cierres, entre ellos 20 definitivos.
El control aumenta si hay muertes, como sucedió luego del 11 de octubre, cuando 10 jóvenes fallecieron en una clínica que se incendió. Siete días después, un grupo de policías entró a una casa del Guasmo y arrinconó contra la pared a 11 internos. En un cuarto húmedo, una psicóloga de la Acess preguntó a varios de ellos si eran maltratados. Algunos, con recelo, lo reconocieron.
La agencia no especifica cuántos casos de tortura detecta en operativos. En un comunicado aclara que su competencia son “los temas sanitarios enmarcados en la Ley Orgánica de Salud”, pero justifica que “coordina las acciones correspondientes” con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
El sobrino de Paola Peñafiel pasó cinco días en la ‘lagartera’: el cuarto de hacinamiento adonde van los recién llegados a los centros clandestinos. En ese encierro pasan ‘la mona’ o la fase de abstinencia. “Era una celda al fondo de la casa, como en la Peni vieja”, dice. Ahí su familiar murió calcinado junto a otras 17 víctimas, el 11 de enero.
Los siete implicados fueron llamados a juicio por homicidio, hace una semana. Entre ellos hay cuatro exfuncionarios de Salud, que habrían otorgado permisos al lugar. Por eso, el fiscal Franklin Flores explica que abrieron otras cinco indagaciones: por falsificación de documentos, de firmas, fraude procesal, delincuencia organizada y tortura.
Edison (nombre protegido) despertó esposado a la cama de un centro clandestino del noroeste. Se había alejado por días, en busca de marihuana y base de cocaína. Cuando volvió dice que fue secuestrado en su propia casa. “Desperté en un cuarto con 17 personas. Transpirábamos tanto que el sudor goteaba del tumbado”.
El encierro no fue suficiente. Quienes sumaban varias recaídas debían pasar por la ‘terapia del cloro en grano’. “Me dejaban en calzoncillo y me hacían revolcar; se me desolló la piel”.
Para la psiquiatra Sagnay, el trato cruel solo afianza la negación. Por el contrario, un buen ambiente y la cercanía de la familia ayudan a salir de la adicción. Para evitar que más jóvenes caigan en clínicas clandestinas, la especialista sugiere ampliar la atención de desintoxicación en hospitales públicos y facilitar la apertura de centros terapéuticos, bajo las regulaciones pertinentes.
Adrián tiene cinco meses limpio, pero aún lucha contra las profundas heridas que le causó aquella clínica ilegal. Una noche, atado a una cama, fue abusado sexualmente.