Siete condenados a 40 años por ataque armado en Socio Vivienda
Tres muertos y dos heridos: el ataque armado en Guayaquil llevó a siete condenas a 40 años por delitos graves relacionados con armas
Un tribunal de garantías penales impuso la pena máxima agravada de 40 años de prisión a siete personas responsables de un ataque armado ocurrido el 25 de junio de 2025 en Socio Vivienda, noroeste de Guayaquil. Este ataque dejó tres fallecidos y dos heridos.
El atentado armado
La justicia ecuatoriana dictó una sentencia histórica tras el violento ataque registrado el año pasado en el sector de Socio Vivienda. Siete individuos fueron declarados culpables por su participación directa en un atentado que acabó con la vida de tres ciudadanos y dejó a otras dos personas heridas.
Los procesados fueron hallados responsables de los delitos de asesinato, tenencia y porte no autorizado de armas de fuego y municiones en concurso real de infracciones.
El hecho ocurrió cuando, según las investigaciones, los implicados se movilizaron en dos vehículos para disparar contra varias personas en distintos inmuebles de esta zona popular.
El pasado 9 de junio de 2026, como lo detalló este Medio, se produjo otro ataque armado en el centro de Guayaquil, cuando se produjo un ataque armado contra dos adolescentes. Uno de ellos falleció y el otro fue llevado a una casa de salud con heridas.
El operativo de captura
Tras el suceso, la Policía Nacional activó un despliegue operativo en la vía Perimetral, mediante la revisión de cámaras de seguridad y las alertas tempranas recibidas a través del ECU911.
La intervención no estuvo exenta de violencia, ya que, al ser localizados, los sospechosos protagonizaron un enfrentamiento con los uniformados, resultando en daños materiales a una patrulla policial.
En el lugar de la aprehensión, los agentes incautaron un fusil, cuatro pistolas y municiones de diversos calibres, además de los vehículos empleados durante la ejecución del ataque armado.
La evidencia ante el tribunal
Durante la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía de la Unidad de Personas y Garantías expuso un cúmulo de pruebas técnicas que demostraron la responsabilidad penal de los siete implicados.
El tribunal escuchó 22 testimonios, entre los que destacaron agentes de la Dinased, personal policial aprehensor y expertos en análisis de audio y video.
El sustento del fallo incluyó informes de autopsia, protocolos de levantamiento de cadáveres, partes policiales y el reconocimiento detallado del lugar de los hechos.
Asimismo, se incorporó material audiovisual extraído de las cámaras del Municipio de Guayaquil y del ECU911, lo cual permitió reconstruir los movimientos de los procesados.
Consecuencias legales
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal dictó una multa de 2 000 salarios básicos unificados (964 000 dólares) para cada sentenciado. Adicionalmente, se estableció el pago de 50 000 dólares por concepto de reparación integral a favor de los familiares de las víctimas por cada uno de los siete condenados.
