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Dos sentenciados en el caso Odebrecht han muerto con covid-19

En diciembre del 2017, Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, fue sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El tío del exvicepresidente Jorge Glas, Ricardo Rivera, cumplió el 65,69 % de la pena de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht. En diciembre del año pasado se acogió al régimen semiabierto para cumplir el resto de la condena en libertad. Sin embargo, un mes después de salir de la cárcel de Guayaquil, murió por covid-19.

Él es el segundo sentenciado en esta causa judicial que fallece a causa de ese virus. El primero fue el empresario Édgar Arias. Él estaba recluido en la cárcel de Ambato cuando fue trasladado a un hospital de esa ciudad por dificultades respiratorias. El 23 de abril del 2020 murió.

Ahora, en el caso Odebrecht solo quedan seis sentenciados, entre ellos, el exvicepresidente Glas. Solo él está recluido en la cárcel de Cotopaxi. El resto ya no está en prisión. Sin embargo, ninguno ha pagado los USD 33,3 millones como reparación al Estado por su participación en esta trama de corrupción.

Según las investigaciones de Fiscalía, los sentenciados se asociaron ilícitamente “con el fin de cometer delitos contra la eficiente administración pública” para obtener beneficios económicos en cinco proyectos estratégicos: Poliducto Pascuales-Cuenca, Trasvase Daule-Vinces, Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico-Movimiento de Tierras y Acueducto La Esperanza.

¿Qué ocurre con la acción penal y con la indemnización que debían pagar los dos fallecidos?

Tras la muerte de los sentenciados, la acción penal en su contra se extingue. Así lo establece el artículo 72 del Código Integral Penal.

Aníbal Quinde, abogado de Rivera, indicó que para que se concrete la extinción de pena es necesario presentar el acta de defunción a un juez de garantías penitenciarias.

Sin embargo, según Procuraduría, la muerte de los sentenciados no implica frenar el proceso de recuperación del dinero a favor del Estado ecuatoriano.

Penalistas consultados por este Diario coinciden que los montos de reparación, que debían cancelar los fallecidos, deberán ser asumidos por los herederos.

La defensa de Rivera considera que ese dinero será exigible a los familiares siempre y cuando ellos acepten la herencia.

En cambio, si la repudian, el Estado podrá acceder de forma más directa a los bienes de Rivera. En este escenario, si el sentenciado no tiene propiedades a su nombre, el Estado ya no podrá exigir a los herederos que paguen.

Marcelo Ron, quien era abogado de Arias, contó que, tras la muerte de su cliente, sus familiares repudiaron la herencia. Por lo tanto, los herederos no tendrían que pagar la deuda al Estado.

El abogado asegura que su defendido solo tenía a su nombre una compañía que vendía materiales de construcción. Pero, actualmente, esa empresa está quebrada.

La Procuraduría General dijo que este martes 18 de enero del 2022 se pronunciará sobre las acciones que efectuará para cobrar la reparación en este caso.

El pasado 11 de enero, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia emitió el mandamiento de ejecución para que el Estado ecuatoriano pueda cobrar USD 33,3 millones de dólares

“Este Tribunal de Ejecución ha dispuesto que se ejecute todo lo ordenado en la sentencia de fecha 23 de enero de 2018 de manera inmediata (…), que incluye la reparación integral a favor de la víctima y penas privativas y no privativas de libertad”, señala la resolución.

Luego de que el Tribunal ordene la ejecución de la sentencia, existen tres posibilidades para recuperar los fondos. Primero, los condenados pueden proponer una fórmula de pago que convenga a ellos y al Estado. Por ejemplo, se pueden entregar bienes en garantía.

Los sentenciados también pueden pagar de contado la totalidad del dinero que les corresponde a cada uno. Si los sentenciados no cancelan el monto de reparación. Los magistrados pueden ordenar la cancelación a través de la fuerza de la ley. Es decir, embargar y rematar sus bienes.

Cronología del caso Odebrecht en Ecuador

3 de junio de junio de 2017

Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas y otras personas más fueron arrestadas durante allanamientos realizados por la Policía. La Fiscalía les formuló cargos por el delito de asociación ilícita por la trama de corrupción de la empresa Odebrecht.  

29 de agosto de 2017

Durante una audiencia en la Corte Nacional, Jorge Glas y otras personas más fueron vinculadas a este proceso judicial. La fase de investigación pública o instrucción fiscal duró hasta 01 de octubre de 2017. En ese tiempo se recopilaron evidencias.  

13 de diciembre del 2017  

El exvicepresidente Jorge Glas, su tío, Ricardo Rivera, y otros seis procesados escucharon como un Tribunal de la Corte Nacional los declaraban culpables del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Glas y Rivera recibieron una condena de seis años de cárcel.  

16 de octubre de 2019

Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedentes los recursos de casación presentados por los sentenciados. Con esa decisión judicial, los magistrados ratificaron la condena contra los condenados y la sentenciada en esta causa quedó en firme.  

9 de diciembre del 2021

Ricardo Rivera salió de la cárcel de Guayaquil. El juez Luis Jiménez, de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias del Puerto Principal, le concedió el régimen semiabierto tras cumplir con más del 60% de su pena. De los sentenciados solo Glas sigue en prisión