Poblado La Cadena en Esmeraldas. Los religiosos del norte de la provincia dicen que la “necesidad económica” de la población “llevó (a la gente) a optar por una alternativa ilegal más rentable”. Foto: EL COMERCIO
Los sacerdotes del norte de Esmeraldas emitieron un manifiesto este miércoles, 16 de mayo del 2018, sobre la situación en la frontera entre Ecuador y Colombia. En el documento, los representantes de la Iglesia Católica rechazaron la “violencia” y la “corrupción” que afectan a esa provincia. Además, plantearon cinco propuestas para mejorar las estructuras sociales en la zona.
Los religiosos dicen que la “necesidad económica” de la población “llevó (a la gente) a optar por una alternativa ilegal más rentable”, frente a la economía tradicional basada en la pesca, agricultura y artesanías, que “no ha sido establecida ni sostenida por el Gobierno, ni por empresas privadas”.
En el comunicado, los sacerdotes consideran que la situación que se vive en la frontera desde el 27 de enero del 2018, y que causó la muerte de cuatro marinos, el secuestro y asesinato de un equipo periodístico de EL COMERCIO y el plagio de una pareja se deben a la “violencia y corrupción institucionalizadas normalizadas” en esa población.
Frente al problema, los clérigos expresaron su rechazo a “la violencia como medio para conseguir la paz y establecer un orden público de parte del Gobierno, grupos ilegales y narcoterroristas”.
Para los sacerdotes, “el sistema de corrupción institucionalizado” ha abonado problemas que aquejan a los pobladores como “educación de baja calidad; infraestructura vial que une nuestros recintos en condiciones lamentables; falta de presencia de servicios del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo que regularice y conozca la situación salarial y de seguro social de los trabajadores tanto público como privados; explotación minera y forestal que destruye todo nuestro medio ambiente y la agricultura tradicional; la contaminación de los ríos y del manglar con los químicos usados en la minería, plantaciones de palma africana y camaroneras”.
Los miembros de la Iglesia hacen una propuesta en cinco áreas de trabajo, para enfrentar la situación: “Que el Gobierno se haga más presente en el control y seguimiento de los proyectos para llevar a término como fueron planificados, así mismo en los servicios básicos (agua potable, alcantarillado, etc).
Además de educación y salud de calidad “teniendo en cuenta lo etnocultural y la medicina tradicional; generación de empleo digno; proyectos de desarrollo que ayuden a las personas y a las comunidades abandonadas, para que rompan los lazos con las actividades ilegales que generan violencia” y finalmente plantea “fomentar el desarrollo de una agricultura sostenible y amigable con el medio ambiente, que produzca lo suficiente para el bienestar de nuestro pueblo”.