Usted no puede tomarnos fotos y tampoco puede entrevistarnos. Nosotros somos refugiados.
Las palabras del campesino colombiano que llegó a Ecuador huyendo de la guerrilla (publicó EL COMERCIO, 13 de febrero del 2001), son similares a las de Rosa Victoria, joven madre que el año pasado dejó su casa, su ropa y hasta sus animales luego de que los paramilitares irrumpieran con motosierras y sangre en su caserío del Putumayo.
“Usted no puede preguntar de dónde soy, tengo hijos”. La mujer es enfática, perdió a su padre en la guerra territorial que se libra en su país por el control de la hoja de coca, y ahora trata de construir un hogar, con niños, entre cultivos lícitos en Sucumbíos.
En 10 años, la tragedia de víctimas del conflicto no mermó. Ecuador fue uno de los pocos países de la región consecuente con los principios de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984).
A pesar de que la relación con Bogotá se rasgó por el bombardeo de Angostura en marzo del 2008, Quito preservó la tradición humanitaria y hasta la potenció con el Registro Ampliado de Refugiados para colombianos. Naciones Unidas lo reconoce.
Los refugiados colombianos en Ecuador pasaron de 140 en 1999 a 51 555 en el 2010. En estos días, a la muestra de solidaridad ecuatoriana se suma el acercamiento de los gobernantes de los dos países, con diálogos por fuera del protocolo diplomático y cálidas llamadas telefónicas.
Mas ese panorama de armonía con Colombia ahora tiene una amenaza interna. Desde abril, extranjeros que cumplieron sentencias por narcotráfico solicitaron asilo a Quito. La Ley no lo prohíbe.
El as de la manga cosechará rechazo ciudadano. Señores, urge una reforma legal, para excluir de la tradición humanitaria a mafiosos y blindar a víctimas como Rosa Victoria.