El operativo Fortaleza 169 se desplegó en Santo Domingo de los Tsáchilas y el cantón Puerto Quito, en Pichincha. Los uniformados detuvieron a personas acusadas de formar parte de una organización delictiva, que cobraba el bono de desarrollo humano de forma ilegal. Foto: Cortesía Policía
Una organización delictiva acusada de cobrar USD 8 millones por concepto del bono de desarrollo humano entre el 2013 y 2017 fue desarticulada en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente del Ecuador.
El operativo denominado Fortaleza 169 permitió descubrir que siete personas estaban implicadas en la captación de esos recursos que nunca llegaban a poder de los supuestos beneficiados, informó la Unidad de Gestión y Seguridad Interna de la Presidencia de la República.
Esta dependencia de la Policía Nacional investigó el caso desde hace cinco meses tras recibir una denuncia reservada. Luego se abrieron dos investigaciones que devinieron en el operativo que terminó con la aprehensión de los acusados, la mañana de este martes 31 de octubre del 2017. La operación se realizó de manera simultánea en Santo Domingo de los Tsáchilas y en el cantón Puerto Quito, en la provincia de Pichincha.
Los investigadores señalaron que los detenidos, tres mujeres y cuatro hombres, utilizaban una base de datos con las identidades de adultos mayores de zonas con bajos índices de pobreza.
Con esa información, en la que constaban los números de cédula y la fecha de nacimiento, cobraban mes a mes los USD 50 del bono. La transacción se hacía con solo proporcionar los datos de la cédula en puntos de pagos autorizados dentro cybers, papelerías y farmacias.
Estos establecimientos son conocidos como corresponsales no bancarios y estaban autorizados por una entidad financiera privada. La Policía investiga cómo los sospechosos accedían a cobrar sin pasar otros filtros, como la presentación de la cédula del titular de ese documento. “El dinero del bono normalmente lo recibe el propio beneficiado, pero creemos que en este caso los detenidos montaron su propia estructura para captar el dinero.
Las investigaciones arrojaron que los cobros se hacían a nombre de personas oriundas de Guayas, Cotopaxi, Esmeraldas, Chimborazo y Latacunga. Los detenidos son investigados por asociación ilícita y defraudación tributaria.