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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador dio un giro de alto impacto político con la ejecución de varios allanamientos la madrugada del miércoles 28 de enero de 2026, como parte de una investigación denominada Caso Caja Chica.
Esa apunta a una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, bajo la hipótesis de que dinero ilícito habría ingresado desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023.
Los operativos incluyeron al menos cuatro diligencias: tres en inmuebles de la provincia de Pichincha y uno en Guayas. Uno de los predios intervenidos corresponde a la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González. Hasta ahora, la Fiscalía no ha reportado detenciones y mantiene el proceso en fase de investigación previa, lo que implica reserva de parte de la información procesal.
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El eje de la investigación sostiene que fondos sin trazabilidad legal pudieron ingresar desde Venezuela en efectivo, presuntamente para apoyar a la alianza política que compitió en las elecciones presidenciales de 2023. Esta tesis fue confirmada por Fiscalía a través de redes sociales, aunque sin detallar montos ni rutas específicas de ese supuesto flujo de dinero.
Este caso reúne a dirigentes y exfuncionarios vinculados al movimiento Revolución Ciudadana (correísmo). La lista de las ocho personas bajo investigación incluye:
La Fiscalía investiga el papel de estas personas en la presunta estructura financiera que habría facilitado el ingreso y uso de recursos no declarados para actividades políticas.
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Las repercusiones no se hicieron esperar. Integrantes de la Revolución Ciudadana y aliados del correísmo calificaron los allanamientos de motivados por criterios políticos, insistiendo en que no existe sustento ni transparencia en la denuncia inicial.
El expresidente Correa sostuvo que acciones de este tipo “no se verían ni en las peores dictaduras”, y que la investigación obedece a una persecución contra su movimiento.