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La detención de dos presuntos autores materiales del ataque con coches bomba frente al Mall del Sol reabre el debate sobre qué hechos se sancionan como terrorismo en Ecuador. El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre las capturas este martes 8 de septiembre.
Los agentes ejecutaron tres allanamientos en el sector de la Prosperina, en Guayaquil, y apresaron a Steeven Andrés Masache Arreaga y Jefferson Alexis Tubay Pincay. Las autoridades atribuyen de manera preliminar el ataque a integrantes de Los Lobos.
El atentado ocurrió aproximadamente a las 18:30 del 14 de octubre de 2025 sobre la avenida Joaquín Orrantia, en los exteriores del Mall del Sol, cuando el establecimiento se encontraba abierto y registraba una alta afluencia de personas.
La explosión dejó un hombre fallecido, varias personas heridas y daños materiales en vehículos y edificaciones cercanas. Las autoridades evacuaron el centro comercial y acordonaron el sector mientras personal especializado inspeccionaba la zona.
Según la información difundida por Reimberg, los responsables habrían utilizado dos coches bomba. La investigación desarrollada durante 10 meses permitió reconstruir la cadena logística que habría comenzado con el robo del material explosivo.
Los vehículos habrían sido ensamblados en la cooperativa San Francisco, en Pascuales. Los investigadores también identificaron una posible ruta de escape por Lomas de la Florida y establecieron conexiones entre las personas que presuntamente participaron en la planificación y ejecución del ataque.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) no contempla una infracción denominada específicamente “atentado terrorista”. El artículo 366 tipifica el delito de terrorismo e incluye diferentes conductas que pueden ser investigadas bajo esa figura.
La primera modalidad sanciona a quien, individualmente o como parte de una asociación armada, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella.
Para que se configure el delito, deben existir actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas. La norma también comprende ataques contra edificaciones públicas o privadas, medios de comunicación o sistemas de transporte mediante mecanismos capaces de causar estragos.
Esta conducta se sanciona con una pena de 19 a 22 años de prisión.
El numeral 9 del artículo 366 se refiere de manera directa a la utilización de explosivos o artefactos mortíferos.
La norma sanciona a quien entregue, coloque, arroje o detone uno de esos dispositivos en un lugar público o privado, una instalación, una red de transporte público o una infraestructura.
CAYERON LOS AUTORES MATERIALES DEL ATENTADO TERRORISTA EN EL SECTOR DEL MAL DEL SOL EN OCTUBRE DE 2025.
— John Reimberg (@JohnReimberg) September 8, 2026
Tras 10 meses de investigación, la Policía Nacional y la Fiscalía establecieron vínculos y la estructura detrás del atentado terrorista ocurrido el 14 de octubre de 2025… pic.twitter.com/bpnzqCD2PJ
Sin embargo, la utilización de un explosivo no basta por sí sola para configurar terrorismo. La Fiscalía debe demostrar que el acto tuvo como propósito causar la muerte, provocar lesiones corporales graves o generar una destrucción material significativa.
Esta modalidad contempla una pena de 22 a 26 años de prisión.
El ataque frente al Mall del Sol dejó una persona fallecida y daños materiales. Corresponderá a la Fiscalía determinar qué elementos atribuye a cada detenido y bajo qué modalidad formulará cargos. Un tribunal deberá resolver posteriormente si las pruebas demuestran el delito y la responsabilidad individual de los procesados.
Cuando un acto tipificado como terrorismo causa la muerte de una o más personas, el COIP establece una pena de 26 a 30 años de prisión.
La norma contiene además una disposición para los delitos planificados o ejecutados desde los centros penitenciarios. Si el terrorismo se comete desde una cárcel o dentro de ella, se aplica el máximo de la pena correspondiente, aumentado en un tercio.
Hasta el momento, la información difundida por Reimberg señala una posible participación de integrantes de Los Lobos, pero no establece públicamente si las órdenes para ejecutar el ataque salieron de algún centro penitenciario.
El COIP diferencia el terrorismo de otros delitos vinculados con explosivos.
La fabricación, adquisición, suministro, comercialización o transporte de explosivos prohibidos o no autorizados se sanciona con una pena de cinco a siete años. Si esos artefactos fueron modificados para aumentar su capacidad letal, la condena puede subir a un rango de siete a 10 años.
También existe el delito de sabotaje, que se configura cuando una persona destruye instalaciones, medios de transporte o bienes esenciales con el propósito de alterar el entorno económico del país o el orden público. Su pena general es de cinco a siete años y aumenta a entre siete y 10 años cuando se afecta infraestructura de sectores estratégicos.
La diferencia depende de la conducta, el objetivo del ataque, el lugar escogido, los daños ocasionados y los elementos que permitan determinar la intención de los responsables.
El COIP tipifica como terrorismo determinadas conductas destinadas a provocar o mantener en estado de terror a la población y que pongan en peligro la vida, integridad o libertad de las personas.
La norma también contempla ataques contra edificaciones, sistemas de transporte y otros espacios mediante mecanismos capaces de causar estragos.
El numeral 9 del artículo 366 sanciona a quien entregue, coloque, arroje o detone explosivos o artefactos mortíferos en determinados espacios públicos o privados.
Para aplicar esta modalidad, la Fiscalía debe demostrar que el acto tuvo como propósito causar la muerte, lesiones corporales graves o una destrucción material significativa. La pena prevista es de 22 a 26 años.
Cuando un acto tipificado como terrorismo provoca la muerte de una o más personas, el COIP establece una pena de 26 a 30 años de prisión.
En el ataque ocurrido frente al Mall del Sol murió una persona, pero corresponderá a la Fiscalía determinar la modalidad bajo la cual formula cargos y probar la responsabilidad individual de cada procesado.
No. La utilización de explosivos no convierte automáticamente un hecho en terrorismo.
La ley también contempla otros delitos relacionados, como la fabricación, adquisición, suministro o transporte ilegal de explosivos y el sabotaje. La calificación dependerá de la conducta, la finalidad del ataque, los daños y la intención que pueda probarse.
La Policía detuvo a Steeven Andrés Masache Arreaga y Jefferson Alexis Tubay Pincay durante tres allanamientos ejecutados en la Prosperina, en Guayaquil.
El ministro John Reimberg los señaló como presuntos autores materiales del atentado del 14 de octubre de 2025. Las autoridades atribuyen preliminarmente el ataque a integrantes de Los Lobos, pero la responsabilidad solo puede establecerse mediante sentencia.
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