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El proceso penal por un presunto delito de abuso sexual en Riobamba avanzó a su fase definitiva luego de que la administración de justicia resolviera llamar a juicio a Luis Enrique Ch. A., profesor de matemática de un establecimiento formativo de la localidad. La resolución se tomó tras evaluar el dictamen acusatorio sustentado en la etapa preparatoria de juzgamiento, en la cual se determinó la existencia de indicios suficientes que vinculan al educador con los hechos denunciados por una colegiala de 15 años de edad.
La diligencia evaluatoria confirmó la validez del expediente presentado por los investigadores.
Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, un Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia analizó los elementos probatorios presentados en la fase de instrucción. En la sesión, la autoridad judicial acogió la acusación en contra del sospechoso y ordenó la apertura del plenario, disponiendo que el imputado responda formalmente ante un tribunal por la infracción cometida contra la menor de edad en el ejercicio de su función educativa.
La justicia prohibió al procesado acercarse a la menor y salir del territorio nacional.
En su resolución, el magistrado confirmó la vigencia de las medidas cautelares que pesan sobre Luis Enrique Ch. A., entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades y el impedimento de abandonar el país.
A la par, se ratificaron las disposiciones de protección para salvaguardar a la adolescente y a su núcleo familiar, prohibiendo cualquier clase de acercamiento por parte del educador y manteniendo activa la respectiva boleta de auxilio.
La alerta materna y el reporte de las autoridades del plantel abrieron la causa.
El expediente penal se abrió el 17 de marzo de 2023 a partir de la denuncia interpuesta por el rector del centro educativo, funcionario que fue alertado por la progenitora de la joven. Los hechos se remontan a enero de 2023, fecha en la que la colegiala acudió a la sala de profesores con el propósito de entregar tareas académicas que no fueron recibidas previamente en el aula; en ese espacio, el docente presuntamente realizó tocamientos indebidos a la alumna y trató de besarla en los labios.
La alteración emocional de la estudiante, quien exteriorizó frustración, sensibilidad e irritabilidad con sus pares escolares, llevó a la madre a averiguar los motivos hasta conocer lo sucedido.
Informes psicológicos y peritajes técnicos sustentan el avance de la causa hacia el tribunal.
El pliego acusatorio incluyó las versiones rendidas por la afectada y su progenitora, el informe pericial de inspección del sitio de los acontecimientos y los resultados de la valoración psicológica preliminar practicada a la adolescente.
De acuerdo con el marco legal ecuatoriano, el abuso sexual se encuentra tipificado en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que fija una condena de privación de libertad que oscila entre los tres y cinco años de reclusión.