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La condena a 29 años de prisión contra dos docentes por la violación grupal de dos adolescentes en Cayambe volvió a poner en evidencia la violencia sexual dentro del sistema educativo. El tribunal dictó la sentencia el lunes 23 de febrero de 2026 tras comprobar la existencia de violación en grupo y relación de poder.
Días antes, el país conoció la muerte del exprofesor de educación física de un colegio particular de Sangolquí sentenciado en octubre de 2025 a 17 años y cuatro meses de prisión por abuso sexual agravado contra tres niños de entre 5 y 6 años. Contra él existían al menos 19 denuncias adicionales por hechos similares.
Estos dos casos reflejan un problema estructural que muestran los datos oficiales.
El Ministerio de Educación registra 28 955 casos de violencia sexual detectados o cometidos entre enero de 2014 y abril de 2025.
De ese total, 7 454 casos se vinculan directamente al entorno escolar. Dentro de ese grupo:
Esto significa que casi la mitad de los hechos vinculados al sistema escolar involucra a docentes.
El informe también señala que el 74,26% de los casos involucra a presuntos agresores fuera del sistema educativo y que el 97% cuenta con denuncia en Fiscalía.
En el mismo período se registran 30 164 víctimas. El 90% corresponde a mujeres y la mayoría se ubica entre los 8 y 14 años.
El docente en Derecho Penal Martín Domínguez explica que la ley diferencia entre violación y abuso sexual.
La violación, tipificada en el artículo 171 del COIP, implica penetración sin consentimiento. El abuso sexual incluye actos sexuales sin penetración cuando no existe consentimiento.
Cuando el agresor ejerce autoridad sobre la víctima, como ocurre entre docente y estudiante, la relación de poder puede agravar la pena. Si además intervienen varias personas, la sanción aumenta.
En víctimas menores de 14 años, la ley no reconoce validez al consentimiento. La edad constituye un elemento determinante del delito.
Domínguez también advierte que algunas instituciones priorizan su prestigio antes que denunciar, lo que puede retrasar la activación de protocolos obligatorios que exigen denunciar en un plazo máximo de 24 horas desde que se conoce el delito.
El psicólogo forense Andrés Ramiro Cueva sostiene que la violencia sexual en el ámbito educativo constituye una emergencia de salud pública.
El daño psicológico puede manifestarse en depresión, ansiedad, culpa o retraimiento. También puede expresarse en agresividad, impulsividad o conductas de riesgo.
Cuando el abuso ocurre en la escuela, el impacto se profundiza porque el estudiante pierde la sensación de seguridad. La institución deja de percibirse como un espacio de protección.
Si la violencia se repite, puede desarrollarse un trastorno de estrés postraumático complejo que afecta la regulación emocional, la autoestima y la capacidad de confiar en otras personas.
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