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Procuraduría se opone al pedido realizado por la esposa de Jorge Glas

El exvicepresidente de la Republica Jorge Glas salio en libertad del Centro de Rehabilitacion de Cotopaxi escoltado por la Policia. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La Procuraduría General se opone al levantamiento de medidas cautelares que pesan sobre tres bienes del exvicepresidente Jorge Glas y su esposa. Así lo dio a conocer esa entidad, la tarde de este jueves 21 de abril del 2022.  

Esa reacción se dio luego de que la esposa de Glas, Cinthia Díaz, solicitara a un Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional que se levante todas las prohibiciones de enajenar tres bienes, ubicados en la parroquia de Tonsupa, Esmeraldas. 

Se trata de un departamento, un parqueadero y una bodega, que forman parte del conjunto Diamond Beach. En estos inmuebles, Glas y su esposa mantienen un derecho de usufructo vitalicio.  

La Procuraduría ratificó ante el Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional el embargo de bienes de Jorge Glas, quien tiene tres sentencias por asociación ilícita, cohecho y peculado.  

Además, esa entidad indicó que el embargo de esos bienes debe ejecutarse “para cubrir parcialmente el monto fijado en sentencia como reparación integral a favor del Estado” por la trama de corrupción de Odebrecht.  

La Procuraduría dijo que su finalidad es que se cumpla lo dispuesto en las condenas dictadas por los jueces y “así restituir el daño ocasionado al Estado ecuatoriano” 

Objetivo del pedido de la esposa de Glas 

Cinthia Díaz buscaba recuperar la propiedad de esos tres bienes inmuebles, pues dijo que son el patrimonio de sus hijos.  

En octubre del 2017, un magistrado nacional ordenó la retención e inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de vender, donar o ceder el derecho de los bienes de Glas y otros procesados en el caso Odebrecht 

Finalmente, el exvicepresidente y siete personas más fueron sentenciadas por asociación ilícita dentro de esa trama de corrupción y se dispuso el pago de USD 33,3 millones como indemnización al Estado.  

Sin embrago, hasta el momento, ninguno de los condenados ha pagado el monto que les corresponde de acuerdo a su nivel de participación en el delito.