El próximo 13 de abril del 2022 caduca la prisión preventiva del excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban y Luis Agusto. Ellos son parte de los 13 procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres.
Si hasta esa fecha no existe una sentencia sea a favor o en contra de los procesados, los tres detenidos podrán recuperar su libertad, pues la prisión preventiva caducaría.
Pablo Celi, su hermano y Luis Agusto se encuentran recluidos en la Cárcel 4 de Quito desde el pasado 13 de abril del 2021, cuando se les formuló cargos.
El COIP regula duración de prisión preventiva
El artículo 541 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la prisión preventiva no puede exceder el plazo de un año en los delitos con penas superiores a cinco años. Según la normativa penal, el delito de delincuencia organizada es sancionado con cárcel de siete a 10 años.
Para evitar la caducidad de la prisión en este caso, la Justicia aceleró los plazos para convocar a la audiencia de juzgamiento.
11 días después de que los imputados fueran llamados a juicio, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia fijó fecha y hora para la realización de esa diligencia.
La primera convocatoria fue el pasado 15 de febrero del 2022. Sin embargo, la audiencia no se instaló y se fijó una nueva fecha.
Segunda convocatoria
La nueva diligencia estaba prevista que se inicie a las 08:30 de este lunes 21 de febrero de 2022, pero no se instaló. Los abogados de siete procesados pidieron que la audiencia de difiera.
Incluso, Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, ingresó un pedido de recusación contra el conjuez Adrián Rojas para que no forme parte del Tribunal de Juicio. Según el representante del excontralor, el magistrado habría adelantado criterio u opinión sobre la excusa presentada por la jueza Daniella Camacho.
Días atrás, la magistrada presentó una excusa, pues dijo tener una amistad con Pablo Celi. Pero, esa excusa no fue aceptada.
El excontralor Celi, quien acudió de forma presencial a la audiencia de este lunes, negó la amistad con la Jueza y aseguró que solo hubo una relación institucional cuando él se desempeñaba como contralor.
Los jueces Walter Macías, Adrián Rojas y Daniella Camacho se retiraron de la sala de audiencia para deliberar y analizar los planteamientos de los abogados.
A las 11:30, el Tribunal dijo que se suspenderá la audiencia hasta resolver el pedido de recusación contra el conjuez Rojas.
Nueva convocatoria
El juez Walter Macías anunció que la audiencia de juicio arrancará el próximo 3 de marzo del 2022, a las 08:30, en la Corte Nacional.
El magistrado advirtió que no se permitirán más “dilaciones” en este proceso judicial. Además, dijo que para que el juicio avance rápido y no caduque la prisión preventiva. La audiencia “se desarrollará de forma sucesiva, incluso sábado y domingos”.
La Fiscalía, la Procuraduría, Petroecuador y los procesados solicitaron la comparecencia de 168 testigos y 300 peritos durante esta etapa procesal.
Fiscalía habla de ‘organización criminal’
Según la fiscal general, Diana Salazar, los implicados conformaron una estructura delictiva para exigir a Nolimit, una empresa contratista de Petroecuador, sobornos a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría, mantener contratos con la estatal petrolera y gestionar pagos pendientes.
Las investigaciones muestran que los miembros de esta supuesta organización criminal habrían pretendido beneficiarse con el 20% del pago de una factura de USD 20,3 millones que Petroecuador adeudaba a Nolimit. Es decir, USD 4,3 millones.
Las defensas de los procesados aseguran que sus clientes no solicitaron ni se beneficiaron de coimas.
En enero de este año, el juez Felipe Córdova llamó a juicio a 13 procesados. Sin embargo, está última etapa del proceso penal quedó suspendida para dos de los imputados, pues están prófugos. Se reanudará el juicio contra ellos cuando sean capturados o se presenten voluntariamente.
