
La Fiscalía General del Estado procesó este 22 de mayo de 2026 a 21 personas por el supuesto delito de peculado dentro del caso Apagón, una investigación relacionada con contratos de generación eléctrica de emergencia para las centrales térmicas de Salitral y Quevedo.
El juez nacional Marco Rodríguez reinstaló la audiencia de formulación de cargos a las 09:30 y ratificó su competencia para conocer la causa. A la diligencia acudieron el Fiscal General (e), los defensores de los procesados y delegados de la Procuraduría, el Ministerio de Energía y la Corporación Eléctrica del Ecuador.
La investigación apunta a presuntas irregularidades en la contratación de la empresa estadounidense Progen Industries LLC, que recibió pagos por más de 104,3 millones de dólares.
Según la Fiscalía, esos recursos correspondían a proyectos que debían ayudar a enfrentar la crisis eléctrica, pero los equipos contratados no entraron en operación.
Antonio Goncalves, exministro de Energía, consta entre los procesados por la Fiscalía. Según la teoría del caso, durante su período Celec ejecutó el pago de 69,5 millones de dólares en el contrato de Salitral.
La Fiscalía señaló que Goncalves no tuvo una postura frente al deber legal de precautelar los fondos públicos en su calidad de ministro de Estado. También lo ubicó como responsable del directorio de Celec dentro del esquema institucional relacionado con las contrataciones emergentes.
Tras revisar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, el juez Rodríguez sostuvo que esos elementos resultan claros y suficientes para suponer una participación de Goncalves en el presunto delito de peculado investigado.
Fabián Calero, exgerente de Celec y exviceministro de Energía, también forma parte del grupo de procesados. Según la información expuesta en la audiencia, Calero declaró la emergencia en Celec y autorizó las contrataciones emergentes.
El expediente ubica a Calero dentro de la línea de decisión que permitió delegar las dos contrataciones a la unidad de negocios Termopichincha. Esa unidad tuvo relación directa con los contratos de Salitral y Quevedo.
La Fiscalía también menciona a Byron Fernando O. M., exgerente de Termopichincha, como la persona que suscribió los contratos vinculados a esas centrales. En su caso, el juez ordenó prisión domiciliaria por condiciones médicas.
La Fiscalía sostiene que en el proceso se omitieron procedimientos de contratación pública. Además, afirma que los contratos avanzaron pese a presuntos incumplimientos técnicos, económicos y jurídicos.
Según la investigación, la contratista recibió un anticipo equivalente al 70% del valor total de los contratos. La entrega de esos recursos ocurrió pese a las deficiencias detectadas inicialmente, de acuerdo con la información que consta en el caso.
Los motores contratados para Salitral y Quevedo debían operar en noviembre de 2024. Sin embargo, la Fiscalía señala que esos equipos nunca entraron en funcionamiento, lo que habría causado un presunto perjuicio al Estado por más de 104,3 millones de dólares.
El juez Marco Rodríguez ordenó prisión preventiva contra Antonio Goncalves. Para sustentar esa decisión, el magistrado mencionó un presunto riesgo de obstaculización en la etapa de instrucción fiscal y un riesgo de fuga por su perfil de alta relevancia pública.
Rodríguez también dictó prisión preventiva contra Fabián Calero. En su análisis, el juez señaló que las medidas alternativas resultaban insuficientes por el peligro de obstaculización y el riesgo de fuga.
El magistrado sostuvo que Calero, por su cargo como exgerente de Celec, podía usar su intervención funcional para entorpecer la investigación. Con ese argumento, dispuso la medida cautelar mientras avanza el proceso penal.
El juez Rodríguez también ordenó prisión preventiva contra otros 15 trabajadores de Celec. En total, 19 procesados recibieron esa medida cautelar dentro del caso Apagón.
Para Karla S., representante de Progen en Ecuador, y Andrew W., CEO de Progen, el juez dictó orden de prisión preventiva.
Además, dispuso que se oficie a Interpol para su localización internacional mediante notificación roja.
El proceso continuará con la instrucción fiscal, etapa en la que la Fiscalía deberá profundizar los elementos de convicción sobre las presuntas irregularidades en los contratos emergentes de generación eléctrica.
Información extra: Fiscalía General del Estado