En la audiencia de formulación de cargos se conocieron nuevos detalles sobre la operación de una supuesta captadora de dineros, que está investigada por lavado de activos. El operativo que permitió su desarticulación se realizó el último martes 12 de julio de 2022 en Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Azuay, El Oro, Manabí y Orellana.
En la diligencia, realizada en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas, un Juez dictó prisión preventiva para tres personas. Mientras que otros tres recibieron medidas alternativas y tendrán que presentarse ante el Juzgado Penal cada lunes. Tampoco podrán salir del país. La audiencia se instaló en horas de la noche del martes 12 y continúo en la madrugada de este miércoles 13 de julio, con la presencia de todas las partes.
El fiscal del caso, Luis Rosero, reveló el nombre de la presunta captadora de dinero y la forma cómo lograba mover los capitales recaudados de “inversionistas“.
Fiscal detalla cómo operaba la captadora de dinero
Se trata de la compañía Pip Máster, a través de la cual su presidente, Cristian J., captaba dinero y luego lo invertía en la conformación de otras empresas, entre esas cafeterías, heladerías, sala de bolos, gimnasio, áreas para jugar tenis, agencia de comunicación y marketing, etc. Según las investigaciones, eran dos las compañías utilizadas para recibir el dinero mediante transferencias bancarias. Los aportantes recibían a cambio de la entrega de su capital altos intereses que iban desde el 8%.
Estos eran devueltos de forma mensualizada, mientras que el capital se quedaba en poder de la captadora de dinero, durante un año.
El fiscal Rosero aseguró que Cristian J. y su esposa Isabel G. intentaban dar legalidad a los dineros ilegalmente captados. “Una de las formas de lavar los dineros es de crear varias compañías y darles objetos sociales, para evadir responsabilidad penal y ganar anonimato; otro elemento importante en el lavado de activos es el inyectar capital a las compañías”.
Esa fue la hipótesis que expuso el Fiscal para acusar a los seis implicados. En la exposición de argumentos luego precisó que se creó un esquema societario con compañías que ofrecían productos y servicios. En un comunicado, la Fiscalía informó que se presentaron 45 indicios, entre los que constan información financiera, informes de la Superintendencia de Compañías, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
El Fiscal pidió que se los juzgue con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, que establece una sentencia de cárcel de 10 a 13 años contra quien incurra en el delito de lavado de activos. El Juez acogió ese pedido y también se dio paso a la instrucción fiscal por 90 días.
Sobre Cristian J., el Fiscal dijo que registra ingresos por USD 30 millones, aproximadamente, los cuales fueron detectados por el incremento inusual de su patrimonio, entre 2020 y 2022.
El fiscal Luis Rosero también dijo que se comprobó que hubo lavado de activos por un monto de USD 18 millones.
Lo que indica que la captadora de capitales habría movido en el sistema financiero nacional USD 48 millones. Tras el operativo del martes, se habló solo de USD 41 millones. Y de inversiones en inmuebles y otros bienes por USD 2,5 millones.
Luego de escuchar estos argumentos, el Juez Penal de Santo Domingo ordenó que la mitad de los acusados cumplan el arresto en la Cárcel 4 de Quito. El Magistrado, además, dispuso la incautación de cuatro inmuebles en Santo Domingo, un departamento en Cumbayá y otro departamento en Manta, Manabí. Unos 10 vehículos también fueron incautados y todas las propiedades pasarán a la custodia de Inmobiliar, según el acta de la diligencia.
Con respecto a los otros tres acusados, entre esas dos mujeres, el judicial aceptó las medidas alternativas a la prisión preventiva solicitada por los abogados defensores. Una de ellas tiene un embarazo riesgoso y la otra tiene un hijo menor de edad que debe cuidar. A un hombre señalado en este grupo no se le comprobó una relación directa. No obstante, en las siguientes etapas del proceso judicial todos deberán defenderse del delito de lavado de activos, pese a estar en libertad condicional.
