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Licencias ilegales se rastrean en calles de Ecuador

Ayer, agentes de Tránsito de Quito realizaban un operativo en el sur de la ciudad para identificar documentos falsos. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Los operativos en las carreteras del país se activaron. Agentes de organismos de tránsito de Quito, Guayaquil, Azuay y de la Policía montaron controles en los accesos y salidas de las urbes. La disposición es requisar 35 207 licencias de conducir que se adquirieron de forma fraudulenta a través del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Los uniformados rastrean a los conductores que tienen estos documentos para sancionarlos con el artículo 387 del Código Penal. En esa normativa se establece una multa del 50% del salario básico y una reducción de nueve puntos para las personas que conduzcan con licencias anuladas.

De allí que, el lunes los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM) iniciaron operativos en la avenida Francisco de Orellana, en el norte del Puerto Principal. En esa ocasión solo revisaron a los conductores de buses públicos y taxis.

En cambio, el martes, los uniformados hicieron otra intervención en la avenida Barcelona. Ahí ya revisaron a todos los vehículos y motos. En estos dos días no encontraron licencias anuladas. Según datos oficiales, la mayor cantidad de documentos falsos está en Guayas. En esa provincia circulan 6 613 choferes con licencias fraudulentas.

La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito AMT también realiza diariamente estos controles viales. A través de una aplicación de celular, los agentes acceden al sistema de la ANT. Allí consta la lista de especies falsas.

Las primeras investigaciones policiales determinaron que existen 24 000 choferes no profesionales que circulan con estos permisos irregulares por las vías del país y lo mismo hacen 11 000 conductores profesionales.

Sin embargo, desde el viernes pasado se han registrado reclamos de usuarios. A través de redes sociales, las personas aseguran que se cometió un error al anularlas y piden que se revierta esa medida. Por ejemplo, Carolina Coloma escribió en su cuenta de Twitter que su licencia fue revocada a pesar de haber realizado un curso de conducción y contar con un título.

En estos casos, la ANT solicita a los usuarios enviar un oficio dirigido al director Adrián Castro y adjuntar respaldos de haber cursado la escuela de manejo o el título de chofer profesional. Estas quejas serán analizadas por un equipo técnico. Ayer, esta entidad también volvió a revisar cada una de las anulaciones para ver si se cometieron o no equivocaciones.

La emisión de los documentos falsos no es un hecho aislado, ya se ha registrado antes. Desde el 2018 hasta el 2020 se han detectado 3 230 casos.

Según un informe de investigación emitido por la ANT, esto ocurre porque el sistema informático de la entidad es “vulnerable, obsoleto y ha sido hackeado en otras ocasiones”.

¿Cómo ocurrió esto? Las pesquisas revelan que desconocidos obtuvieron las claves de acceso al sistema informático de la ANT y se infiltraron a su base de datos.

Así registraron fraudulentamente los nombres de los usuarios como si hubiesen obtenido una licencia de conducir por primera vez. Sin embargo, ninguna de esas personas había aprobado las escuelas de conducción.

Investigadores que rastrean este caso saben que los falsificadores difunden masivamente sus servicios ilegales por Internet y redes sociales. Este Diario comprobó que en la web circulan este tipo de anuncios: “Obtén tu licencia de conducir. Trámite rápido y 100% garantizado”.

En un grupo público de Facebook, conformado por 23 700 miembros, aparece una publicación que dice: “Te gestionamos tu licencia de conducir, cualquier categoría”. Al finalizar el mensaje colocan dos números de contacto. El pasado 30 de agosto, otra persona escribió: “Tramito el permiso de conducir por USD 300”. En ese mensaje colocan un teléfono.

En estos anuncios se pide desde USD 200 hasta USD 1 500 por las profesionales.

Las indagaciones muestran que luego de que los pagos estaban depositados, los falsificadores recurrían a talleres clandestinos de Quito, Guayaquil y otras ciudades, para elaborar los documentos sin validez. Estos eran entregados incluso en las casas de los interesados. Según la ANT, por los 35 000 permisos fraudulentos, los usuarios pagaron un total de USD 23 millones. Mientras que el Estado dejó de percibir USD 3 millones por este hecho. Ahora este caso es investigado por Fiscalía. Esta entidad rastrea el delito de falsificación de documento. Ese ilícito es sancionado con cárcel de cinco a siete años, según la normativa penal. Aún no hay detenidos ni procesados. La Fiscalía rastrea a funcionarios y autoridades que posiblemente fueron parte de estos hechos ilegales.

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