Judicatura coordina con Policía y FF. AA. el resguardo de unidades judiciales contra el crimen organizado

La Judicatura se reunió con Policía y FF. AA. para reforzar la protección de las unidades que juzgan corrupción y crimen organizado.

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La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo, se reunió este 23 de septiembre de 2026 con el director general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, William Villarroel y con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), Henry Delgado, para coordinar acciones de protección en las unidades judiciales especializadas que juzgan delitos relacionados con corrupción y crimen organizado en Quito.

En el encuentro participaron también los equipos técnicos de las instituciones involucradas.

Medidas para reforzar la protección

Según informó la Judicatura, el objetivo de la reunión fue establecer el resguardo que se brindará a los jueces y servidores en materias penales sensibles.

Durante el encuentro, la titular del organismo señaló que resguardar estas dependencias, a sus servidores y a los usuarios constituye una condición indispensable para garantizar la independencia judicial y enfrentar al crimen organizado.

Compromisos con Policía y FF. AA.

La primera reunión de trabajo se realizó en la mañana con el general Villarroel, quien ratificó el compromiso de la Policía Nacional para reforzar la seguridad de estas dependencias. La institución policial aseguró que adoptará las acciones necesarias para fortalecer las medidas de protección en las unidades judiciales especializadas.

En horas de la tarde, en cambio, Caicedo mantuvo un encuentro con Delgado para coordinar las medidas de resguardo.

Al final, las autoridades acordaron mantener un contacto permanente para ejecutar y evaluar los compromisos alcanzados durante las reuniones.

El encuentro entre Caicedo y los jefes de la Fuerza Pública se realiza después de que el organismo aprobara el pasado 7 de septiembre la reestructuración del modelo de juzgamiento de los delitos de corrupción y delincuencia organizada, con lo cual se suprimieron las dependencias especializadas y sus competencias se entregaron a las judicaturas penales.

La justificación que argumentó el CJ fue que con ese ajuste, los jueces habilitados para tramitar estas causas pasará de 19 a más de 50 a escala nacional.

Contexto de seguridad para operadores de justicia

La cita ocurrió en medio de la preocupación de los magistrados por el elevado nivel de riesgo que enfrentan al conocer causas vinculadas a miembros del crimen organizado, así como los ataques perpetrados contra jueces y servidores judiciales.

El pasado 17 de septiembre, Ramón Abad, juez multicompetente de El Triunfo, en Guayas, fue asesinado, cuyo crimen elevó a siete los casos de funcionarios judiciales que han sido víctimas de la violencia en lo que va de 2026.

De acuerdo con el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), entre 2020 y 2026, se han contabilizado 52 atentados contra la vida e integridad de operadores de justicia en Ecuador, los cuales han dejado 31 víctimas mortales.

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