Indagan la venta irregular de pases policiales en Quito tras redada

Fiscalía ejecutó allanamientos por presunto tráfico de influencias en la venta irregular de pases policiales en Quito.

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Las autoridades judiciales iniciaron diligencias penales tras detectarse una supuesta red de venta irregular de pases policiales en Quito. En un operativo conjunto desarrollado este jueves 27 de agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron dos allanamientos en inmuebles de la capital, en el marco de una investigación abierta por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con cobros de dinero a cambio de tramitar traslados de uniformados.

Allanamientos por venta irregular de pases policiales en Quito

Una de las intervenciones principales se concentró en las instalaciones de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del Circuito Iñaquito, en el norte de la ciudad.

Los agentes ingresaron al recinto policial y a un segundo inmueble para recabar evidencias sobre la presunta estructura dedicada a gestionar modificaciones de destino o traslados de servidores policiales mediante pagos económicos no autorizados.

Aprehensión durante acto de formación policial

Durante el despliegue operativo, una persona fue aprehendida con fines de investigación y para la respectiva formulación de cargos ante la justicia.

En las imágenes compartidas por el Ministerio Público se registró la detención de un uniformado mientras se encontraba en formación junto a otros miembros de la institución. Hasta el momento, las entidades no han hecho pública la identidad del sospechoso ni los montos exactos que se habrían exigido en las transacciones.

Levantamiento de dispositivos y evidencias digitales

En los dos predios intervenidos, los peritos judiciales fijaron y recolectaron diversos indicios para integrarlos al expediente fiscal. Entre los elementos incautados constan una computadora portátil (laptop) y un teléfono celular, aparatos tecnológicos que serán sometidos a peritajes técnicos para analizar contactos, comunicaciones y el registro de las gestiones investigadas.

El proceso penal se tramita bajo la figura de tráfico de influencias, infracción tipificada en el inciso primero del artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Esta normativa ecuatoriana sanciona el ilícito con una pena privativa de libertad de tres a cinco años, mientras la Fiscalía avanza con las diligencias para determinar si existen otros servidores o personas particulares involucradas en el esquema.


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