
El sistema judicial de la provincia del Guayas determinó este viernes 10 de julio de 2026, la apertura de una etapa de juzgamiento contra un exadministrador de justicia.
El presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas acogió los argumentos de la Fiscalía General del Estado y dictó auto de llamamiento a juicio contra Ángel Enrique T. V., quien se desempeñaba como juez de Garantías Penales por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias.
Además de la resolución judicial, se confirmó que el procesado deberá mantenerse bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso.
Las pesquisas en este caso se formalizaron en febrero de 2026, tras una denuncia interpuesta por un funcionario del sistema judicial. Según la información expuesta por la parte denunciante, el entonces juez habría intentado influir en las decisiones de una magistrada de Garantías Penales.
El objetivo de esta presunta gestión fue modificar medidas cautelares a favor de dos personas que estaban bajo prisión preventiva por los delitos de robo agravado y secuestro.
Ante la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía solicitó la detención del procesado, la cual se materializó el 13 de marzo de 2026, tras una serie de allanamientos en su domicilio particular y en su puesto de trabajo en la Unidad Judicial Florida Norte, ubicada en el norte de Guayaquil.
Durante la fase de preparación del juicio, el fiscal provincial de Guayas y Galápagos, Emilio Izquierdo, presentó ante la autoridad judicial más de 30 elementos probatorios recabados durante la etapa investigativa. Entre el material detallado en el expediente constan:
Estos insumos fueron valorados por el juzgador para sostener el auto de llamamiento a juicio.
La causa judicial se sustenta en el artículo 285, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Dicha normativa establece que el delito de tráfico de influencias debe ser castigado con una pena privativa de libertad que oscila entre tres y cinco años.
Con la resolución adoptada por la Corte Provincial de Justicia, el exfuncionario deberá comparecer ante un tribunal para responder por los hechos investigados, enfrentando el proceso penal bajo la figura de prisión preventiva ya ratificada.
¿Qué delito se le imputa al exjuez de Guayas?
El exfuncionario es procesado por el presunto delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 285 del COIP.
¿En qué consistió la presunta influencia ejercida?
El procesado habría solicitado a una jueza modificar medidas cautelares para dos personas acusadas de robo agravado y secuestro.
¿Cuál es la pena máxima por este delito?
La normativa legal ecuatoriana establece una sanción de privación de libertad de tres a cinco años por el delito de tráfico de influencias.
¿Cuál es la situación actual del procesado?
Tras la audiencia preparatoria, el Presidente de la Corte Provincial ratificó la prisión preventiva contra el exjuez.