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La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) acudió a un departamento de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, en la Isla Mocolí para iniciar con la ejecución de la orden de incautación de los bienes de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, este viernes 12 de junio de 2026.
Agentes de la Policía Nacional ingresaron la mañana del 12 de junio al departamento del alcalde, ubicado en Isla Mocolí. Esta acción forma parte del denominado caso Goleada, donde se investiga un presunto delito de lavado de activos.
El juez Jairo García dispuso la medida, que fue ejecutada por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) en un plazo menor a 24 horas.
El operativo se realizó en el departamento 401 del edificio Aqua 1, donde residen la esposa del alcalde, Fiorella Icaza, sus tres hijos menores y sus suegros.
Según el Ministerio Público, la esposa y la madre de Álvarez poseen bienes adquiridos con recursos provenientes de la comercialización ilegal de combustibles, identificados como “sustancias sujetas a fiscalización”.
La Fiscalía relaciona esta causa con hallazgos previos en el caso Triple A, que también está bajo investigación.
Entre los bienes identificados a incautarse se encuentran:
Estos bienes están registrados a nombre de la inmobiliaria Fiorema S.A. y otras compañías relacionadas con el entorno familiar del alcalde. Las investigaciones continúan para determinar el origen de los recursos utilizados en la adquisición de estos inmuebles.
El abogado David Norero, integrante de la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció sobre la incautación de bienes ejecutada dentro de una investigación judicial y señaló que la medida afecta a personas que no forman parte del proceso.
A través de un pronunciamiento público, Norero sostuvo que el debate no debe centrarse en la figura del alcalde ni en posiciones políticas. Según indicó, la situación involucra a tres menores de edad y a una persona con discapacidad que no han sido acusados dentro de la causa.
El abogado afirmó que estas personas podrían enfrentar las consecuencias derivadas de decisiones tomadas por adultos. En ese contexto, manifestó que existen límites que, a su criterio, un Estado de Derecho no debería sobrepasar.
Norero también recordó que Aquiles Álvarez mantiene la presunción de inocencia, principio reconocido en la Constitución para todas las personas mientras no exista una sentencia ejecutoriada en su contra.
Asimismo, planteó interrogantes sobre el impacto de las medidas adoptadas en el marco del proceso judicial. “¿Es justo que las consecuencias de un proceso que aún no termina recaigan sobre tres niños y una persona con discapacidad que no están acusados de absolutamente nada?”, expresó.
El pronunciamiento se produce después de la ejecución de una orden de incautación en un inmueble donde residen familiares del alcalde de Guayaquil. La defensa insistió en que los menores de edad y la persona con discapacidad mencionados no forman parte de las investigaciones en curso y concluyó su mensaje con la frase: “Con los niños no. Nunca”.
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