
A 30 días de que concluya la instrucción fiscal por el asesinato de Fernando Villavicencio, sus hijas Amanda y Tamia solicitaron a la jueza de Pichincha, Luz María Ortiz, que fije una fecha para el reconocimiento de su firma y rúbrica como acusadoras particulares dentro del proceso. En el escrito remitido a la causa, renunciaron expresamente a cualquier reparación económica derivada de una eventual sentencia condenatoria.
El pedido se realiza en el caso conocido como Magnicidio FV, en el que la Fiscalía investiga como presuntos autores intelectuales al exministro de Rafael Correa, José Serrano; al exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga; al empresario Xavier Jordán, procesado también en Metástasis; y al sentenciado por corrupción Daniel Salcedo.
El asesinato del periodista y candidato presidencial ocurrió el 9 de agosto de 2023 en Quito, durante un acto de campaña.
“…aceptar dinero sería inmoral, ya que provendría del mismo origen con el que se pagó a los sicarios. En su lugar, solicitan una reparación simbólica y moral basada en la justicia restaurativa, que incluya el reconocimiento público de culpabilidad de los autores intelectuales.… pic.twitter.com/uUelEcOiq6
— Gabriela Panchana Briones ❤️🇪🇨 (@EnVozAltaEC) November 11, 2025
Las hijas del exaspirante presidencial explican que, con base en los elementos incorporados en la investigación —entre ellos testimonios anticipados, pericias forenses, informes de tráfico de comunicaciones y extracción de chats—, se confirma la existencia de una estructura criminal jerárquica con reparto de funciones.
Sostienen que las conductas de los procesados se habrían articulado bajo un mismo plan, ajustado a la figura de coautoría funcional con dominio del hecho, contemplada en los artículos 42, 43 y 47 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en relación con el delito de asesinato del artículo 140.
Por esa razón, piden que su participación en el proceso sea reconocida como acusación particular.
Amanda y Tamia Villavicencio argumentan que no aceptarían ningún tipo de compensación económica, pues consideran que el dinero con el que se financiaría cualquier reparación tendría el mismo origen que los fondos usados para pagar a los sicarios.
Según su planteamiento, recibir ese dinero sería “contrario a la ética y la justicia” por la naturaleza del crimen cometido.
“Lo que pretendemos —afirman— es que los procesados, una vez declarados culpables, reconozcan públicamente su responsabilidad y digan: ‘Somos culpables del magnicidio de Fernando Villavicencio’”.