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La muerte de un joven tras los disparos registrados la madrugada del 10 de octubre de 2026, en el norte de Quito, derivó en un proceso penal contra un guardia de seguridad. Fiscalía formuló cargos contra Anthony Daniel S. C. por su presunta participación en el delito de homicidio.
Una jueza dictó prisión preventiva para el procesado y la instrucción fiscal durará treinta días. El delito por el que se inició la causa determina la pena que podría recibir si es declarado culpable, aunque el caso todavía se encuentra en investigación.
Según la versión de un testigo presencial recogida por Fiscalía, él se trasladó junto con la víctima y una tercera persona en un vehículo hasta la intersección de las avenidas Shyris y 6 de Diciembre. En ese lugar habrían grafiteado una valla publicitaria que cubría la fachada de un edificio en construcción.
El testigo señaló que el guardia habría salido de un local contiguo con un arma de fuego. Al percatarse de su presencia, los ocupantes del vehículo intentaron abandonar rápidamente el sitio.
De acuerdo con esa versión, el guardia habría efectuado varias detonaciones contra el automotor, que impactaron a la víctima y a otro ocupante. Ambos fueron trasladados a una casa de salud para recibir atención médica.
Agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (Dinased) recibieron una alerta sobre el ingreso de dos personas con heridas supuestamente causadas por arma de fuego a un hospital de Cumbayá.
En ese establecimiento se confirmó la muerte de uno de los afectados. El otro fue trasladado a un centro médico cercano, donde habría sido intervenido quirúrgicamente para extraerle varios perdigones del cuerpo.
Fiscalía inició el proceso por presunto homicidio, delito tipificado en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma establece una pena privativa de libertad de 10 a 13 años para quien mate a otra persona.
Ese es el rango de prisión previsto para el delito por el que se formularon cargos contra Anthony Daniel S. C. Su aplicación dependerá de que la justicia determine su responsabilidad y emita una sentencia condenatoria.
La prisión preventiva no constituye una condena. El guardia permanece procesado y todavía no existe una sentencia que establezca su culpabilidad ni una pena concreta por los hechos investigados.
Como parte de las diligencias investigativas, los policías localizaron al guardia presuntamente involucrado en un establecimiento comercial del norte de Quito, mientras cumplía su turno de vigilancia.
#BoletínFGE | #Pichincha: una persona murió y otra resultó herida por disparos contra un vehículo en el norte de #Quito. #FiscalíaEc procesa a un guardia de seguridad por presunto #Homicidio. Más información ⬇️ https://t.co/g0JGHdAfCm https://t.co/LdaYvh7SCT
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 14, 2026
Entre los indicios recabados constan una escopeta, cuatro cartuchos, un dispositivo de almacenamiento electrónico y cuatro objetos cilíndricos metálicos identificados como perdigones, extraídos del cuerpo del acompañante herido.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía presentó las versiones de los agentes aprehensores, el acta de levantamiento del cadáver y el informe de autopsia médico-legal.
También expuso certificados médico-legales practicados a dos personas, el informe de inspección ocular técnica, el comprobante de ingreso del vehículo involucrado, los formularios de cadena de custodia, el reconocimiento de evidencias y el informe técnico pericial balístico.
La jueza de la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes acogió el pedido fundamentado de Fiscalía y ordenó la prisión preventiva del procesado.
La instrucción fiscal tendrá una duración de treinta días, al tratarse de un hecho flagrante. En esta etapa continuará la investigación sobre la presunta participación del guardia en la muerte del joven.
Fiscalía procesó a Anthony Daniel S. C. por presunto homicidio, delito que contempla una pena de diez a trece años de prisión.
Ese rango solo podría aplicarse si el procesado es declarado culpable mediante una sentencia. La prisión preventiva dictada en su contra no constituye una condena.
La investigación se abrió después de que un joven muriera tras recibir disparos durante la madrugada del 10 de octubre de 2026, en el norte de Quito.
Según la versión de un testigo presentada por Fiscalía, el guardia habría efectuado varias detonaciones contra el vehículo en el que intentaban retirarse los jóvenes.
Según la información expuesta durante el proceso, habían llegado hasta la intersección de las avenidas Shyris y 6 de Diciembre y habrían grafiteado una valla publicitaria que cubría un edificio en construcción.
Cuando intentaban abandonar el lugar en un vehículo se habría producido el ataque investigado.
Entre los indicios constan una escopeta, cuatro cartuchos, una memoria electrónica y cuatro perdigones extraídos del cuerpo de uno de los heridos.
Fiscalía también presentó informes de autopsia, certificados médico-legales, inspección ocular técnica, cadena de custodia y una pericia balística.
La jueza ordenó prisión preventiva y abrió una instrucción fiscal de treinta días por tratarse de un hecho flagrante.
Durante ese periodo, Fiscalía continuará recopilando elementos para determinar la presunta participación del guardia antes de que el proceso avance a las siguientes etapas judiciales.
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