El rastro del dinero encendió las alertas y ahora pone a 24 procesados frente a un tribunal. Entre ellos aparece Roberto Carlos Á. V., alias ‘El Gerente’, a quien la Fiscalía ubica como una figura central dentro de una presunta red que habría lavado cerca de 398 millones de dólares en Ecuador.
La decisión la tomó un juez tras acoger la acusación de la Fiscalía General del Estado. Según la investigación, la estructura se apoyó en empresas de transporte pesado, negocios ganaderos y otras compañías para mover dinero y darle apariencia legal dentro del sistema financiero.
Detrás del caso, los investigadores describen una organización con vínculos familiares y empresariales. Personas naturales y jurídicas habrían actuado de forma coordinada para introducir recursos de origen ilícito al Sistema Financiero Nacional.
El monto bajo sospecha no es menor: 397’796.324,38 dólares, generados, según la Fiscalía, entre 2015 y 2025. Ese flujo de dinero habría estado relacionado con actividades como el tráfico de drogas y otros delitos.
#BoletínFGE | Caso #ComandosDeLaFrontera: con base en el dictamen acusatorio de #FiscalíaEc, 19 personas naturales y 5 jurídicas son llamadas a juicio por #LavadoDeActivos. El monto investigado superaría los 397 millones de dólares.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 30, 2026
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Con el llamado a juicio, el magistrado también revisó las medidas cautelares. 16 procesados continuarán en prisión preventiva, incluido alias “El Gerente”, mientras avanza el proceso judicial.
En otros tres casos, el juez optó por flexibilizar las condiciones y modificó la periodicidad de presentación ante la autoridad. El objetivo es asegurar que los implicados comparezcan en la etapa de juicio.
El origen del caso se remonta a noviembre de 2024, cuando la Unidad de Análisis Financiero y Económico detectó movimientos que no cuadraban con las actividades económicas declaradas.
Ese reporte marcó el punto de partida para una investigación más amplia. A partir de allí, la Fiscalía reconstruyó la ruta del dinero y los vínculos entre los implicados.
El caso tomó fuerza en septiembre de 2025, cuando la Fiscalía y la Policía ejecutaron un operativo a gran escala en varias provincias, entre ellas Pichincha, Guayas y Sucumbíos.
En total se realizaron 62 allanamientos. La intervención dejó 15 detenidos y permitió incautar dinero en efectivo, armas, dispositivos electrónicos y documentos financieros que ahora forman parte de las pruebas.
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Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una batería de elementos para sostener la acusación. Entre ellos constan informes contables y financieros, análisis societarios, pericias de criminalística y reportes de instituciones como la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.
También se incluyeron evaluaciones sobre bienes adquiridos por los procesados, que, según los investigadores, no tendrían respaldo en ingresos legales.
Con el caso en etapa de juicio, será un tribunal el que determine si existió o no el delito de lavado de activos. La Fiscalía ya anticipó que presentará nuevas pruebas y testimonios para sostener su teoría.
En Ecuador, este delito está sancionado en el Código Orgánico Integral Penal con penas que van de 13 a 19 años de prisión para quienes oculten o integren dinero de origen ilícito al sistema económico.
El proceso entra ahora en su fase decisiva. Ahí se pondrá a prueba no solo la solidez de la investigación, sino también el alcance real de una red que, según las autoridades, operó durante años sin levantar sospechas visibles.