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Dos vías para obtener datos sobre funcionarios con visas revocadas

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, dijo que el retiro de visas a funcionarios judiciales no constituye, por si sola, una falta disciplinaria. Foto: Archivo EL COMERCIO

Las razones que motivó a la Embajada de Estados Unidos a revocar las visas a policías, jueces y funcionarios judiciales de Ecuador se pueden revelar a través de dos vías: la judicial y la diplomática.  

De hecho, el 12 de enero del 2022, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo que Estados Unidos podría considerar proporcionar detalles sobre esos funcionarios dentro de un proceso penal judicial internacional.  

El 15 de diciembre del año pasado, Vela pidió más información sobre las declaraciones que hizo embajador de EE.UU. en Ecuador, Michael Fitzpatrick. Él aseguró que se cancelaron visas a ‘narcogenerales’ ecuatorianos.  

Sin embrago, la sede diplomática norteamericana le respondió que esos datos son reservados y que para acceder a estos se debe activar un mecanismo de asistencia penal internacional con Estados Unidos.  

El penalista Mauricio Pacheco considera que organismos de control estatal deben encontrar posibles indicios de que estos funcionarios públicos cometieron algún ilícito. Si eso ocurre, Fiscalía deberá abrir una investigación y solicitar una asistencia penal internacional a Estados Unidos.  

El internacionalista Mauricio Gándara y el penalista Gabriel Ponce sostienen que, además de la vía judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores también puede intervenir y utilizar la vía diplomática para esclarecer este tema.  

Ponce señala que el pedido de Cancillería no debe estar orientado a una explicación sobre el retiro de las visas, sino sobre qué información tiene en su poder el Gobierno norteamericano en contra de los servidores públicos ecuatorianos.  

El pasado 10 de enero, la Embajada de Estados Unidos realizó una declaración oficial. Señaló que la emisión o revocatoria de las visas “es una decisión soberana y que los registros de visas son reservados según la ley de EE.UU.”. 

Gándara sostiene que ese país ya quebrantó la reserva de información al hacer público el retiro de visas a ‘narcogenerales’, “a varios jueces y trabajadores del sector judicial”.  

El internacionalista señala que Cancillería debe solicitar los respaldos de las acusaciones de la Embajada Norteamericana, “pues se puso en tela de juicio a servidores públicos ecuatorianos”.  

Por ahora, la Contraloría General analiza el patrimonio de 25 generales de la Policía Nacional y el 12 de enero de este año, el ente de control dijo que auditará también las declaraciones patrimoniales de jueces. Los exámenes especiales iniciarán luego de determinar el periodo a examinar, el alcance y la nómina de magistrados.  

Por su parte, el Pleno de la Corte Nacional dijo que los jueces están abiertos a que “órganos competentes investiguen nuestro proceder y nuestras declaraciones patrimoniales están a disposición de la Contraloría General para que sean auditadas en cualquier momento”. 

El Alto Tribunal también añadió que “es respetuoso de las decisiones soberanas de cada Estado, entre ellas, la de retirar una visa a un servidor judicial, pero eso por sí solo, no constituye una infracción disciplinaria”.   

Además, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, aseguró que a ningún magistrado de la Corte Nacional le han revocado su visa americana.  

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