El Ministerio de Defensa del Ecuador informó este jueves 4 de mayo que las Fuerzas Armadas ejecutan acciones inmediatas para enfrentar la amenaza terrorista de las organizaciones vinculadas al narcotráfico y crimen trasnacional.
“Es nuestro deber constitucional defender la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos ante el embate de la delincuencia que ha creado terror en la población”, señaló el ministro de Defensa Nacional, general Luis Lara Jaramillo.
“Los soldados actuarán de inmediato, con absoluta firmeza, utilizando todo el poder militar, contra quienes pretenden, a través de actos de violencia extrema, no solo causar terror a los ecuatorianos, sino atentar contra la democracia y el Estado de Derecho”, afirmó Luis Lara.
Luis Lara afirmó que está absolutamente seguro que las resoluciones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado y del Decreto Ejecutivo N° 730 que ordena la actuación de las Fuerzas Armadas contra las personas y organizaciones que cometan actos terroristas “tiene fundamento completo y suficiente en la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal y el ordenamiento jurídico del Ecuador, así como en las normas internacionales en la materia.
Lara también manifestó que el artículo 54 de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza “garantiza la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso para aquellos servidores que en ejercicio de sus funciones se vean expuestos a procesos judiciales de carácter penal”.
El mismo artículo, además, “dispone a los jueces optar por medidas alternativas a la prisión preventiva para que los servidores militares y policiales puedan defenderse en libertad”.
La minuta del Ministerio señala que el presidente de la República, Guillermo Lasso, incluyó una garantía adicional, para aquellos casos excepcionales en los que se disponga una medida privativa de libertad, ordenando que el SNAI garantice la seguridad en los centros diferenciados de privación de libertad.
Para finalizar, la el comunicado subraya que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas coordinará con el Ministerio de Defensa Nacional y la Presidencia de la República la defensa institucional a través de patrocinio judicial “para velar por el personal militar que se encuentre inmerso en un proceso judicial, a consecuencia de la ejecución de operaciones militares en contra del terrorismo”.
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