Una semana después de que el Consejo de Seguridad Pública y de Estado (Cosepe) declarara al terrorismo como una amenaza contra la seguridad del Estado, el presidente Guillermo Lasso emitió un Decreto Ejecutivo con disposiciones en materia de seguridad.
El 3 de mayo del 2023, el Primer Mandatario dispuso a las Fuerzas Armadas que realicen operaciones militares en todo o en parte del país, para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas.
Además, ordenó que las fuerzas militares repriman la amenaza terrorista con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional.
Lasso también exhortó a todas las Funciones del Estado “para que de manera coordinada apoyen en la lucha contra el terrorismo respetando la independencia de poderes”.
La tarde de este 4 de mayo del 2023, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, y otras autoridades entregaron, en la Asamblea Nacional, un proyecto de reformas al Código Integral Penal (COIP), al Código Orgánico de la Función Judicial y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
Saquicela explicó que esta propuesta de reforma al COIP busca modificar el texto de dos tipos penales: el peculado y lavado de activos. El objetivo es redactar de forma más precisa para que fiscales y jueces puedan interpretar de mejor manera al investigar o juzgar ambos delitos.
Otra propuesta es que la Fiscalía pueda declarar casos de terrorismo, corrupción o crimen organizado como “complejos” para darles un tratamiento especial y diferenciado.
Por ejemplo, se busca que la investigación previa pueda extenderse de dos a cuatro años en esos casos y en lugar de que la fase de investigación pública dure 90 días, pueda durar 180 días. De esa forma, la Fiscalía tendría más tiempo de indagación.
En el proyecto normativo también se establecen reglas para individualizar los tipos de bienes que tendrán prohibición de enajenación en casos de corrupción. El objetivo es poder garantizar una reparación económica al Estado, cuando exista una sentencia.
Otra de las propuestas es que los miembros de grupos de delincuencia organizada o presos de alta peligrosidad sean ubicados en zonas diferenciadas, en los diferentes centros carcelarios del país.
Un mes antes de que el terrorismo sea declarado como una amenaza, la Asamblea aprobó un paquete de reformas al Código Integral Penal (COIP). Entre los principales cambios está el endurecimiento de penas relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo.
El 29 de marzo del 2023 se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral.
Entre las principales reformas está un incremento en la pena por el delito de extorsión. Este ilícito se sancionaba de tres a cinco años de cárcel, ahora la pena va de cinco a 10 años, especialmente si las extorsiones se dan de forma periódica o con amenazas de muerte.
La pena por el delito de robo también se aumenta hasta 13 años de cárcel. Antes se sancionaba de tres a siete años de privación de la libertad.
Algo similar ocurre con el delito de prevaricato. Antes de la última reforma se sancionaba con cárcel de hasta cinco años, ahora la pena es de hasta siete años. Sin embargo, si un juez beneficia con su fallo a un grupo de delincuencia organizada o en casos de corrupción, ese magistrado podría enfrentar una sentencia de siete a 10 años.
También se endurecieron las penas para quienes sean condenados por delincuencia organizada y por terrorismo. Este último ilícito se sancionaba hasta con 13 años de prisión, ahora podrían ser hasta 16 años.
La delincuencia organizada se sancionaba con 10 años de cárcel, pero ahora la pena subió a 13 años de prisión cuando la finalidad de la agrupación delictiva sea cometer otros delitos como: tráfico de drogas, terrorismo, minería ilegal, trata de personas, tráfico de migrantes, secuestro, tráfico de armas, pornografía infantil y lavado de activos.
Nuevo delito
En la reforma al COIP, aprobada en marzo de este año, también se incorporó la figura del reclutamiento de menores de edad con fines delictivos. Ese nuevo delito será sancionado de 10 a 13 años de prisión.
Pero la sanción aumentará a 16 años si el reclutamiento tiene relación con el cometimiento de delitos de tráfico de drogas, delitos contra la propiedad, contra la vida, integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, sicariato, extorsión, robo o terrorismo.
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