Los asambleístas que integran el Frente Parlamentario Anticorrupción presentaron, este martes 15 de noviembre del 2022, una denuncia penal y una solicitud en Fiscalía relacionada con la presunta trama de corrupción de Petrochina.
El pedido de los legisladores es que se vincule a Francisco Acosta, asambleísta suplente de Pierina Correa y a otras personas más a la investigación abierta por presunto cohecho relacionada con Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional en Petroecuador.
“Estamos presentando ante la fiscal general, Diana Salazar, una denuncia penal. Solicitamos que se vincule a varias personas al expediente penal abierto por el presunto delito de cohecho en contra de varios exfuncionarios de Petroecuador, del gobierno de Rafael Correa”, indicó el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio.
En los exteriores de la Fiscalía, Villavicencio también indicó que “han facilitando información adicional a la entregada por la justicia de Estados Unidos a la Fiscalía de Ecuador sobre la vinculación de grandes nombres en esta trama siniestra de corrupción, conocida como Petrochina”.
Villavicencio también dijo que se solicitó la vinculación penal del exfuncionario del correísmo Antonio Peré, quien se habría confesado culpable ante la justicia estadounidense por haber recibido USD 70 millones de una empresa y por haber pasado dinero a Nilsen Arias.
Ni Peré, ni Acosta se han pronunciado hasta el momento sobre estas acusaciones y sobre el pedido de vinculación penal.
Investigación contra Nilsen Arias
Actualmente, la Fiscalía rastrea una presunta trama de sobornos en la estatal petrolera, que estaría encabezada por Arias.
El pasado 2 de noviembre, la Fiscalía procesó a siete personas por presunto cohecho, entre ellos, cinco exfuncionarios de Petroecuador y del Ministerio de Finanzas. Arias no está en la lista de procesados de Ecuador, pues él enfrenta un juicio penal por lavado de activos relacionado con este caso en Estados Unidos.
Según las pesquisas, Arias se habría asociado con varias personas, incluidos los ahora procesados, “para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a varias empresas con la adjudicación de contratos”, indicó la Fiscalía.
Esta entidad investigadora asegura que el monto del cohecho o de los sobornos habría alcanzado los USD 22 millones. La defensa de Arias indicó que su cliente está colaborando y entregando información a la justicia estadounidense.
