Fiscalía investiga como terrorismo el envío de pendrives explosivos a periodistas; ¿cómo se sanciona ese delito?
La Fiscalía investiga como terrorismo el envío de artefactos explosivos a periodistas. Foto: Fiscalía
A periodistas ecuatorianos les enviaron el lunes 20 de marzo del 2023 pendrives que en su interior tenían cápsulas detonantes con explosivos.
El periodista Lenin Artieda, de Ecuavisa, fue una de las víctimas. Según la Policía, el dispositivo de almacenamiento estalló cuando él lo conectó a su computadora. El comunicador resultó ileso de este atentado.
Según el Ministerio del Interior, a los periodistas les enviaron cinco artefactos explosivos desde la provincia de Los Ríos. Tres fueron destinados para periodistas que laboran en Guayaquil y dos en Quito.
Luego de estos atentados dirigidos a periodistas, la Fiscalía abrió una investigación por el delito de terrorismo.
La fiscal general, Diana Salazar, dispuso que los envíos de las cápsulas detonantes a todos los periodistas sean incluidos en una misma investigación. Esto “debido a la similitud en cuanto a ejecución y medios para cometerlos”, indicó la funcionaria.
Esta investigación estará a cargo de la Unidad de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Fiscalía y se requerirá a la Policía Nacional que asigne un equipo de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado para el mismo fin.
¿Qué implica el delito de terrorismo?
El artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el delito de terrorismo se configura cuando una persona o una asociación armada “provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas”.
También se considera terrorismo cuando se destruye, por cualquier medio, edificaciones públicas, privadas, plataformas fijas marinas, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales, instalaciones o servicios de transportación terrestre, navegación aérea o marítima.
Además, se configura este ilícito cuando una persona coloca, arroja o detona un artefacto o sustancia explosiva contra un lugar de uso público, una instalación de Gobierno o una red de transporte público, con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales a las personas.
La sanción por el delito de terrorismo
Según la normativa penal ecuatoriana, ese ilícito es sancionado de 10 a 13 años de cárcel. Sin embargo, la sentencia aumenta de 22 a 26 años, cuando el acto terrorista provoca la muerte de una o más personas.
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