La Fiscalía ejecuta nuevas diligencias dentro de la investigación por presunto fraude procesal relacionado con la muerte de la abogada María Belén Bernal.
Este lunes 17 de octubre del 2022, la Fiscalía y Policía acudieron a la cárcel de mujeres, ubicada en el sur de Quito. Allí se encuentra recluida la cadete de Escuela Superior de Policía. Ella cumple en ese lugar una orden de prisión preventiva, pues está procesada por presunto femicidio.
Germán C, principal sospechoso de matar a Bernal, también está procesado por ese ilícito, sin embargo, él se encuentra prófugo.
Según la entidad investigadora, el objetivo del allanamiento fue recopilar indicios para la indagación por presunto fraude procesal, que se inició el 22 de septiembre del 2022.
A través de sus redes sociales, la Fiscalía indicó: “Como parte de la investigación por presunto fraude procesal relacionado con el caso de María Belén Bernal, Fiscalía ejecutó un operativo en el Centro de Privación de Libertad N.3 de Quito para recabar información relevante para la causa”.
¿Por qué se abrió una investigación por fraude procesal?
El objetivo es determinar si hubo o no encubrimientos sobre todas las acciones que se han ejecutado en el caso de María Belén Bernal.
“Como Fiscalía vamos a agotar todas las diligencias y haremos todos los esfuerzos para encontrar la totalidad de las responsabilidades y por eso abrimos una investigación por fraude procesal para determinar cualquier tipo de responsabilidad en este caso”, indicó la Fiscalía durante su comparecencia en la Asamblea, el 14 de octubre del 2022.
¿Qué implica y cómo se sanciona el delito de fraude procesal?
El fraude procesal se configura cuando una persona, con el fin de inducir al engaño a un juez, “oculte pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas”. Esto se aplica en procedimientos civiles, administrativos y penales.
Según el artículo 272 del Código Integral Penal, ese ilícito es sancionado con cárcel de uno a tres años.
“Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción para evitar su represión”, señala la normativa penal.
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