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Daniel Salcedo, sentenciado en cinco procesos penales, compareció el 9 de julio de 2025 ante la Fiscalía General del Estado para rendir su testimonio dentro de la investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
A la salida, aseguró que declarará todo lo que sabe, responsabilizó a dos personas por su vida y exhibió imágenes de las heridas que sufrió su hermano Noé, con quien fue atacado días antes en la cárcel de Riobamba.
El traslado de Salcedo a la cárcel 4 de Quito se dio por razones de seguridad. Desde allí, su rol como cooperador eficaz reabrió el debate sobre los límites de sus intervenciones públicas, la credibilidad de sus afirmaciones y el impacto que su figura puede tener en procesos judiciales con implicaciones políticas.
El abogado penalista, José Cárdenas, explicó que las declaraciones hechas por Salcedo a medios de comunicación no afectan el proceso de cooperación eficaz mientras no revelen elementos confidenciales de la investigación previa.
Cárdenas detalló que, en esta fase, el testimonio aún es un indicio y no constituye una prueba hasta ser practicado en juicio ante un tribunal penal.
🔴 Daniel Salcedo colabora con la Fiscalía en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio 👉 https://t.co/jhQvlXLJB7 pic.twitter.com/j0ykx68TT1
— El Comercio (@elcomerciocom) July 10, 2025
Desde su perspectiva, el proceso mantiene validez si la Fiscalía logra presentar pruebas periféricas que respalden las afirmaciones del testigo.
El penalista recordó que casos anteriores, como el de Mayra Salazar, generaron críticas porque la Fiscalía no corroboró varios elementos presentados por la colaboradora. Si en el caso Salcedo ocurre lo mismo, se corre el riesgo de generar dudas sobre la solidez del caso.
Andrés Obando, especialista en comunicación política, sostuvo que Salcedo ha tenido impacto en la opinión pública desde su aparición en 2020, cuando se vinculó con la familia Bucaram.
Consideró que su nueva exposición mediática tiene una intención política, al dirigir acusaciones hacia figuras como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el exministro José Serrano, ambos relacionados con la Revolución Ciudadana.
Obando señaló que no es común que una persona privada de libertad tenga la libertad de hablar ante cámaras sin restricciones. Observó que esa situación genera señales de que podría existir una estructura política interesada en amplificar las declaraciones del testigo.
Desde su análisis, esto alimenta percepciones de instrumentalización de la justicia con fines políticos, especialmente en un contexto polarizado.
Cárdenas advirtió que el testimonio de un condenado como Salcedo debe pasar por un proceso riguroso de verificación. Señaló que la Fiscalía no puede basarse únicamente en lo dicho por el testigo, ya que este tiene un interés en obtener beneficios legales.
Si la información no se respalda con documentos, videos, testigos o pericias técnicas, la defensa de los implicados puede cuestionar la legalidad del proceso.
🚨 Daniel Salcedo responsabilizó por su vida a dos personas 👉https://t.co/EXzDyE3bYU pic.twitter.com/x7VH2ZqVHt
— El Comercio (@elcomerciocom) July 10, 2025
Para el penalista, el riesgo institucional surge cuando la Fiscalía actúa sin comprobar lo dicho y formula cargos solo con base en los dichos del colaborador. En ese escenario, Cárdenas anticipó que los jueces podrían ratificar el estado de inocencia de los procesados, no por falta de voluntad, sino por la ausencia de pruebas contundentes.
Obando recordó que Salcedo no cuenta con credibilidad en la opinión pública por su historial delictivo. Sin embargo, aclaró que eso no impide que en esta ocasión diga la verdad.
Ambos expertos concluyeron que el sistema judicial debe evitar errores pasados y priorizar la corroboración de cada afirmación.
En caso contrario, la falta de rigor podría debilitar las causas judiciales y afectar la confianza pública en la institucionalidad.
El pasado 11 de junio, Daniel Salcedo recibió 16 meses de pena privativa de libertad, en una audiencia de procedimiento abreviado llevada a cabo esta mañana.
Esta fue su quinta sentencia, en esta ocasión por el delito de ingreso de artículos prohibidos a un centro penitenciario.
Antes, en el caso Metástasis por delincuencia organizada a 40 meses de prisión, por procedimiento abreviado y cooperación eficaz.
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En el caso Fundas para Cadáveres, por peculado, a 13 años de prisión.
Por lavado de activos, al conformar varias empresas con dinero de actividades ilícitas, a 13 años de prisión.
Finalmente, por fraude procesal, al intentar huir en una avioneta, a cuatro años de prisión.