Esta es la razón por la que se suspendió la audiencia de los detenidos de Otavalo

Los 11 detenidos de Otavalo por el supuesto ataque a un cuartel militar pidieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva en la audiencia suspendida.

Personas recogen escombros de una edificación destruida por el terremoto cerca a la Plaza de Bolívar de Pereira.

Un Tribunal de Pichincha suspendió este viernes 17 de octubre de 2025 la audiencia de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, solicitada por los detenidos de Otavalo, Imbabura, que son procesados por el supuesto delito de terrorismo, en el contexto de las manifestaciones por el paro.

La razón para la suspensión de la audiencia de los detenidos de Otavalo, durante las manifestaciones del paro

Este viernes, un Tribunal de Pichincha decidió suspender la audiencia de apelación a la prisión preventiva de once procesados por el delito de terrorismo, detenidos en Otavalo.

Las fuerzas del orden detuvieron a los procesados el 22 de septiembre, tras un ataque a un cuartel de la Policía Nacional, donde se incendiaron 10 vehículos y se provocaron daños materiales, durante las manifestaciones por el paro, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Le puede interesar: Alcaldesa de Otavalo afirma que el paro indígena continúa

El caso involucra a los denominados “Los doce de Otavalo”, aunque la audiencia se realizó solo por once detenidos, ya que el abogado de uno de los procesados no presentó apelación, informó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Una mujer que también fue capturada ese día recibió medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Defensa denunció irregularidades durante las detenciones

Durante la diligencia, las defensas expusieron irregularidades en el proceso, alegando falta de pruebas y vulneraciones a los derechos de los detenidos.
Entre los testimonios presentados, se mencionó el caso de Diego Armando López, albañil que sufre epilepsia y fue arrestado cuando retiraba sus herramientas de trabajo; Elvis Lanchimba, trabajador florícola detenido al intentar recoger su motocicleta; y Luis Tituaña, quien no recibió información en su lengua materna y fue obligado a firmar documentos sin comprender su contenido.

La Inredh sostuvo que la Fiscalía argumentó que los procesados causaron daños materiales y agredieron a policías, siendo identificados en actos violentos y en la sustracción de evidencia policial.

Más información: Audiencia de apelación por la quema del cuartel en Otavalo se desarrolla en Quito

Tribunal ordena una pericia intercultural y revisión médica

Tras más de cinco horas de audiencia, el tribunal dispuso la realización de una pericia intercultural en un plazo máximo de ocho días.

Esto, con la designación de un perito perteneciente a comunidades indígenas, según informó la Inredh.

El abogado David Iza, defensor de uno de los acusados, explicó que la pericia permitirá determinar los estilos de vida, condiciones sociales y económicas de cada procesado.

Esto demuestra que pertenecen a una comunidad indígena y que su trato debe ser diferente al de cualquier otra persona”, sostuvo el jurista.

Además, los jueces analizarán la posibilidad de llevar la audiencia en territorio y ordenaron una revisión médica para dos procesados con discapacidad. La diligencia se reinstalará una vez cumplidas estas disposiciones.

Le puede interesar: Este es el número de detenidos en el paro hasta este viernes 17 de octubre, según la Policía

Protestas continúan en rechazo al Gobierno de Noboa

Las protestas indígenas cumplen 25 días y comenzaron tras la eliminación del subsidio al diésel, decretada por Daniel Noboa el 12 de septiembre.

Posteriormente, la Conaie sumó nuevas exigencias, como la reducción del IVA del 15 % al 12 % y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.

La organización también rechazó el referéndum del 16 de noviembre, impulsado por el Gobierno, que incluirá una pregunta sobre la instalación de una Asamblea Constituyente.

El Ejecutivo ha calificado las movilizaciones como políticas, y reiteró que las causas judiciales de los detenidos son competencia exclusiva de la Función Judicial.

Con información de EFE.