
12 personas procesadas por el delito de terrorismo esperan que un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha revoque la prisión preventiva que pesa sobre ellas. La solicitud se analiza este 17 de octubre de 2025 en el Complejo Judicial Norte, en Quito, dentro del proceso por la quema del cuartel policial de Otavalo, ocurrida el 22 de septiembre, durante el primer día del paro nacional convocado por la Conaie en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Los acusados comparecieron de forma virtual a la audiencia de apelación, mientras sus abogados argumentaron que no existen elementos suficientes para mantener la medida más severa.
Mario Ruiz, exasambleísta de Pachakutik, representa a tres de los investigados —Diego Armando L. R., Elvis Damián L. M. y Luis Enrique M. F.— y planteó que se otorguen medidas sustitutivas como la presentación periódica o el uso de grillete electrónico.
Según el jurista, sus defendidos no participaron en los incidentes registrados en Otavalo, ya que regresaban de sus trabajos cuando fueron detenidos.
De los 12 procesados, 11 pertenecen a comunidades indígenas de Imbabura y permanecen recluidos en un centro penitenciario de esa provincia. El restante, Verni A. A., se encuentra detenido en una cárcel de Manabí.
La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado está integrada por los jueces Esteban Coronel, Mabel Tapia y Fernando Sánchez, quien actúa como ponente.
Durante la diligencia, los magistrados escucharon los descargos de las defensas, entre ellos el de Berny Jonathan A. A., sobre quien se informó que tiene un 40% de discapacidad mental y, pese a ello, recibió prisión preventiva.
Antes del mediodía, el juez Sánchez dispuso una suspensión temporal de la audiencia para que la Fiscalía presente su posición. El fiscal Galiano Balcázar, encargado del caso, deberá pronunciarse sobre si está de acuerdo con que se otorguen medidas alternativas a los doce procesados.