Jorge Paladines, docente y jurista: 'Entregar armas a los civiles para frenar la delincuencia es un planteamiento demagógico'
El docente y jurista Jorge Paladines habla sobre el porte de armas en el país. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
Usted dice que está en contra del porte de armas. ¿Por qué no es una alternativa para enfrentar a la delincuencia?
Para analizar el tema del porte de armas, como alternativa de seguridad ciudadana, hay que preguntarse primero para qué ampliar la capacidad de que la gente tenga armas de fuego. Esto responde a razones reales de inseguridad ciudadana. En el Ecuador se vive una situación de inseguridad que cada vez se agudiza más, sobre todo a partir de la catástrofe sanitaria. Eso es real.
Entonces, ¿por qué la ciudadanía no debería armarse?
Por tres razones. Porque es demagógico en su contenido y su forma. Esto se está dando en el marco de una campaña electoral. En el fondo, porque no hay ninguna prueba de que la respuesta para reducir la inseguridad ciudadana sea ampliar la capacidad técnica de la ciudadanía para tener armas ¿De qué tipo? Armas pequeñas. La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) dice que las armas que más matan en América Latina son las armas pequeñas.
¿Hablamos de pistolas, revólveres, cartucheras?
Sí. Entonces, esta es una propuesta demagógica, porque promete una solución material sin analizar el problema de fondo.
¿Cuál es su segundo argumento?
El porte de armas es ineficiente. Se pone como modelo a los Estados Unidos. En aquellos estados que se permite el porte de armas se han desencadenado problemas de violencia que aún no se ha podido describir en la Criminología, como el loco-rambo que va a un supermercado y mata a todos, pero previamente se graba mostrando todo su arsenal comprado legalmente. Las armas no han reducido las muertes violentas. Al contrario, ha aumentado la violencia homicida, incluso en los estados que tienen pena de muerte.
¿Qué opina del endurecimiento de penas para reducir la inseguridad?
Hay un escenario importante que podemos analizar. En el 2003 se elevó la tasa de homicidios en Guayaquil. La propuesta fue precisamente aumentar la pena para los homicidios. Desde Eloy Alfaro hasta el 2003, la pena era de 12 años de cárcel, pero entonces subieron a 25 años. ¿Eso redujo la tasa de homicidios? No. También existía la detención en firme, que permitía mantener a una persona, técnicamente inocente, presa de forma indefinida. El Ecuador fue sancionado internacionalmente por eso, por el abuso de la prisión preventiva. Y finalmente, se creó la cárcel de La Roca y se puso más policías en las calles. Se creó un modelo punitivo institucional para intentar responder el porqué de la violencia. Pero nada de eso resultó efectivo.
¿Qué hacer para reducir la inseguridad y las muertes violentas?
En políticas sociales lo que hay es aproximaciones; nadie tiene la receta exacta. Pero en América Latina, la región más violenta, lo que sí se ha probado es que la desigualdad crea las condiciones para que esa violencia sea ejercida con armas de fuego. Por ende, crear las estructuras sociales de oportunidades tiene una incidencia notoria en la reducción de la violencia homicida. En Ecuador hay una evidencia: entre los años 2011, 2012, 2013 y 2014 se redujo la desigualdad, con relación al Coeficiente de Gini. Esto tuvo un impacto con la tasa de homicidios que también bajó. Reducir la pobreza reduce las formas de violencia más representativa como son los homicidios. Por otro lado, si se profundiza más la desigualdad y la brecha social es posible que se creen más escenarios de violencia.
Suena que los pobres son homicidas…
No, no digo que ser pobre es ser homicida. Pero se ha probado que la reducción de la desigualdad impacta en las muertes violentas. La Unodc, en su último informe dice que la mayor cantidad de víctimas por homicidios por arma de fuego en América Latina son personas de los estratos económicos más bajos.
¿Qué significa?
Que nos estamos matando con armas de fuego en los barrios populares, no en los barrios donde la gente puede amurallarse y protegerse de otras formas. O sea, esta situación está muy ligada a la desigualdad social.
¿Está ligado a la desigualdad o a la criminalidad? La Policía dice que más del 56% de las muertes violentas de este año son por criminalidad, la mayoría ligada al narcotráfico. En estos casos se usan armas de fuego. Más del 65% de las muertes violentas en el país son perpetradas con arma de fuego.
¿Hay evidencias de que esas muertes están vinculadas al narcotráfico o eso es la intuición policial? Para confirmar que las muertes están asociadas a la criminalidad tenemos que esperar los resultados del proceso judicial. Lamentablemente los tiempos judiciales no son compatibles con el momento que se da el crimen. Entonces, los datos que lanza la Policía son intuiciones.
Pero la Policía usa esta información para armar sus planes operativos
Para dar esas cifras, la Policía debe tomar en cuenta el tipo de arma y los móviles. Pero, insisto, este último dato solo se puede determinar tras una sentencia condenatoria.
¿Cómo influye el tipo de arma?
Con estudios de Criminalística se puede saber el perfil del homicida y hasta conocer qué tipo de mercado está activado: de dónde provienen estas armas. Por la balística se puede identificar el tipo de arma que produce un asesinato y quiénes podrían poseerla. Un arma con un alto costo en el mercado es muy difícil que esté correlacionada con un homicidio en las calles del Ecuador. Eso ya te da un primer dato.
Usted había dicho que hay tres elementos por lo que no veía factible el porte de armas en el país: la demagogia, la ineficiencia y ¿Cuál es el tercero?
El tercero es que es peligrosamente irresponsable. El concepto del monopolio de la fuerza, la seguridad pública, es una función del Estado. Está en la Constitución. En el momento en el que el Estado comparte esta función con sus ciudadanos, el Estado se puede desentender.
¿Si hay gente que pide el porte de armas es porque consideran que el Estado no ha podido ejercer su rol de cuidado?
Sí, aquí hay que hacer un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Ver que lo invertido en Policía y en seguridad no está dando resultado. Además, ya han existido experiencias en la Región en las que se permitió el porte de armas. Eso pasó en Antioquia, en Colombia. Cuando Álvaro Uribe era gobernador creó las denominadas Convivir, que facultó a los ciudadanos a portar armas. ¿Qué pasó? Se creó el paramilitarismo colombiano.
¿Cuáles son las experiencias con países como México, Brasil, Argentina o Guatemala, que también tienen estas políticas flexibles sobre el porte de armas?
El caso de Guatemala es desastroso. Pero no todos estos países tienen condiciones iguales. Hay unos con más o menos restricciones. Incluso el Ecuador permite el porte de armas para algunos casos, como los permisos que se han dado a los ganaderos.
Las personas que piden la flexibilización del porte de armas dicen que es para protegerse no para matar.
Hay que tener mucho cuidado con el discurso de la legítima defensa. Esta es una institución jurídica-penal. Es decir, es un concepto que es muy restrictivo en la forma como se plantea. Aquí hay que advertir algo a la gente. Uno de los principios de la legítima defensa es que la agresión debe ser actual. Si la actuación de defensa es posterior se llama venganza y si es anterior se llama defensa preventiva. En ambos casos se va a la cárcel.
